La asociación que representa a los fabricantes y vendedores de cigarrillos electrónicos en España ha aprovechado el proceso de revisión de la normativa europea sobre productos del tabaco para trasladar a la Comisión Europea un paquete de medidas. La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo ha hecho llegar a Bruselas sus demandas, en las que defiende que es necesaria una regulación más eficaz para evitar que los menores de edad accedan a estos dispositivos. La organización considera que el debate comunitario sobre el vapeo debería centrarse en lo que considera los verdaderos problemas del sector, como el control de los canales de distribución, la proliferación de operadores ilegales y la facilidad con la que cualquier persona puede adquirir estos productos sin ningún tipo de filtro. Según la entidad, el enfoque de la discusión en Europa a menudo se desvía hacia cuestiones secundarias y se olvida de abordar los aspectos que realmente determinan el acceso de los menores al producto.
Por ello, han querido poner sobre la mesa propuestas concretas que, a su juicio, podrían mejorar sustancialmente la situación actual sin recurrir a prohibiciones generales que consideran poco efectivas. Entre las iniciativas que la asociación ha presentado a las autoridades comunitarias hay una que considera prioritaria: la implantación de un censo obligatorio para todos los establecimientos que quieran comercializar cigarrillos electrónicos y sus accesorios. Este registro debería cubrir tanto las tiendas tradicionales con punto de venta físico como las plataformas de venta en línea, de manera que ningún operador pueda operar fuera del circuito regulado.
La puesta en marcha de este sistema permitiría, según los promotores de la medida, fortalecer los mecanismos de verificación de edad en los puntos de venta, dotar a las administraciones de herramientas más eficaces para la supervisión y dificultar la tarea de los vendedores ilegales. El presidente de la entidad, Arturo Ribes, ha sintetizado la posición del gremio con una afirmación que busca trasladar el foco del debate hacia los canales de distribución. Ribes ha declarado que si un menor es capaz de adquirir un cigarrillo electrónico, el problema no radica en el producto en sí mismo, sino en la vía de comercialización que ha permitido que esta operación se materializara. Esta declaración refleja la estrategia de la asociación de desplazar la atención desde el fabricante hacia el distribuidor, una aproximación que consideran más realista y efectiva.
Los dispositivos de un solo uso y su coste ambiental
Otro de los aspectos que la organización ha querido poner sobre la mesa es el fenómeno de los cigarrillos electrónicos de un solo uso, que han experimentado una notable expansión en los últimos tiempos. Según la entidad, esta categoría de productos ha sufrido una transformación en su función original: aquello que nació como una herramienta para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco se ha convertido en muchos casos en un simple artículo de entretenimiento, a menudo consumido por personas que nunca habían tenido hábito tabáquico. Esta desnaturalización del objetivo inicial es, a juicio de la asociación, un problema que las administraciones deberían abordar.
A este factor se añade otro de carácter medioambiental. Los dispositivos de un solo uso incorporan baterías y componentes electrónicos que, al no ser diseñados para durar, generan un volumen de residuos muy superior al de los aparatos recargables. El impacto ecológico de estos productos, especialmente cuando no se gestionan correctamente sus residuos, es una de las externalidades negativas que el sector reconoce y que considera que deberían ser reguladas con mayor precisión. La asociación ha aprovechado su escrito para alertar sobre las consecuencias no deseadas que pueden derivarse de medidas demasiado restrictivas. Según la entidad, algunas de las iniciativas que se han planteado en diferentes Estados miembros, como la prohibición generalizada de sabores y aromas, han producido efectos contrarios a los que se pretendían alcanzar.
Cuando se elimina del mercado legal una determinada variedad de producto, argumentan, una parte de los consumidores no abandona el consumo sino que busca alternativas en canales no sometidos a ningún control. Para ilustrar esta dinámica, la entidad ha puesto sobre la mesa los datos del mercado español. Según los cálculos de la organización, el 40% de los productos que se venden en España en esta categoría son ilegales, una proporción que atribuyen directamente a la debilidad de los mecanismos de control administrativo. La asociación advierte que si se aplica una prohibición de sabores y aromas, este porcentaje podría aumentar aún más, dado que los consumidores buscarían fuera del circuito regulado los productos que ya no encuentran en los establecimientos legales.
La revisión normativa como una ventana de oportunidad
En su comunicado, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo ha definido el proceso de revisión de la directiva comunitaria como una ventana de oportunidad para diseñar un nuevo marco regulador. La entidad considera que este nuevo marco debería ser a la vez más moderno en sus planteamientos, más coherente en la aplicación de las medidas y más eficaz en el logro de los objetivos. Tres son las grandes prioridades que señala la asociación: la protección de los menores, la garantía de seguridad para los consumidores adultos y la lucha contra la expansión del mercado ilícito.
Los empresarios del vapeo defienden que estos tres objetivos no son contradictorios y que se pueden lograr simultáneamente si se aplican las herramientas de regulación adecuadas. Bajo el criterio de la patronal, un sistema de registro obligatorio de establecimientos, combinado con controles de edad efectivos y campañas de inspección regulares, sería mucho más eficiente para mantener los productos lejos de los menores que una prohibición genérica que no distingue entre canales legales e ilegales. La entidad confía en que la Comisión Europea tenga en cuenta estas aportaciones en la redacción del nuevo texto normativo, que debería hacerse público en los próximos meses después de la conclusión del período de consultas.