El Gobierno ha anunciado la mejora del 4,5% del sueldo de los funcionarios, pactada ahora hace casi un año. El Ministerio de Función Pública ha trasladado este compromiso a UGT y CCOO durante un encuentro que ha terminado sin la concreción que las centrales esperaban. No hay fecha, no hay calendario y no hay ninguna indicación sobre cuándo se materializará el aumento, una falta de precisión que ha dejado un regusto agridulce entre los representantes de los trabajadores.

La reacción de las organizaciones sindicales no se ha hecho esperar. Desde UGT Servicios Públicos han instado al ministerio a aprobar la mejora retributiva antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una fecha que consideran que marca el límite aceptable para cumplir con lo que se pactó. Comisiones Obreras, por su parte, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez "el cumplimiento efectivo de todos los compromisos adquiridos", una formulación que deja claro que no se conformarán con palabras, sino que exigirán hechos concretos. Ambas centrales coinciden en que el retraso acumulado ya es bastante grande y que no tiene sentido continuar aplazando una decisión que afecta a miles de personas.

Para entender el contexto, hay que retroceder hasta noviembre del año pasado, cuando el Gobierno y los sindicatos acordaron, al margen de los Presupuestos, una subida salarial global para los empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028. Este total se distribuye en varias fases: un 2,5% para el 2025, ya consolidado; un 1,5% para el 2026, al que hay que sumar un 0,5% adicional que se pactó en caso de que el IPC medio anual supere el 1,5%; un 4,5% para el 2027 y, finalmente, un 2% para el 2028. La mejora que ahora se discute corresponde precisamente a este 4,5% del 2027, pero el gobierno de PSOE y Sumar todavía no ha concretado cómo ni cuándo la hará efectiva.

La falta de calendario no es casual. La convocatoria electoral del 29 de noviembre ha introducido un elemento de incertidumbre que afecta a cualquier decisión de gasto que tenga que tomar el Ejecutivo en las próximas semanas. Aprobar una subida salarial justo antes de los comicios puede tener lecturas políticas diversas, y el ministerio parece querer gestionar con prudencia el momento y la forma de hacerlo. Los sindicatos, sin embargo, no están dispuestos a aceptar que esta prudencia se traduzca en un nuevo aplazamiento y recuerdan que el compromiso ya está firmado desde hace meses, de manera que no se trata de negociar nada de nuevo, sino simplemente de cumplir lo que se pactó.

Más allá del debate político, la cuestión tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo de cientos de miles de empleados públicos que hace meses que esperan una mejora que se les ha prometido. La inflación ha erosionado los sueldos de los funcionarios año tras año, y la subida pactada se presenta como una manera de recuperar parte del terreno perdido. Si el calendario no se concreta pronto, el riesgo de que la medida quede en suspenso hasta después de las elecciones es real. La pelota queda ahora en el tejado del Ministerio de Función Pública. Si en las próximas semanas no hay una propuesta concreta con fechas, los sindicatos podrían intensificar su presión y adoptar medidas de protesta que afectarían al funcionamiento de servicios públicos. El Gobierno, por su parte, tendrá que decidir si apuesta por cumplir el compromiso antes de la cita electoral o si opta por aplazarlo, con el coste político que esto comportaría.