El Gobierno pondrá un límite a las subidas de precio de productos en situaciones de emergencia como la Dana o accidentes de trenes como el de Adamuz. Lo hace para "impedir que se pueda hacer caja", ha dicho el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La medida prohíbe la subida de billetes de tren o alojamientos en los momentos que coincidan con una catástrofe como "los incendios de este verano", ha puesto como ejemplo.
Estos bienes no se podrán subir por encima del coste máximo de los últimos 30 días ni tampoco superar un 50% la media del precio de este período, y las empresas deberán informar de los precios que han aplicado justamente en los 30 días anteriores. La medida ha sido aprobada como real decreto ley y entrará enseguida en vigor, a la espera de que la validen el resto de partidos en el Congreso de los Diputados. El nuevo real decreto ley modifica la Ley General de Consumidores, que ya fue alterada después de la dana de Valencia para evitar la subida de precios de vehículos VTC o reservas de alojamientos on-line.
Las situaciones de emergencia no serán aquellas declaradas por protección civil, sino que el consejo de ministros tendrá competencias para designar cuáles son. Así, además de incendios o riadas, otros hechos como accidentes también podrán verse afectados por esta medida.
El real decreto ley incorpora criterios de flexibilidad para no tensionar la oferta. Permite incrementos de precios cuando estén justificados por un aumento de los costes o si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre que esto no haga mejorar los márgenes para el operador.
Para productos con cierta estacionalidad, el precio de referencia puede ser el mismo período del año anterior. La medida prevé que se devuelva al consumidor el exceso de precio aplicado por el operador por encima de lo que limita la ley.
Críticas de Fomento
Fomento ha alertado de que esta medida es "una amenaza directa a la seguridad jurídica" y la ha descrito como una "intervención arbitraria que desordena el marco económico". La patronal catalana ha pedido la retirada de esta medida porque "abre la puerta a una intervención discrecional del mercado basada en criterios imprecisos como 'urgencia', 'riesgo' o 'alteración excepcional de la oferta y la demanda'", al tiempo que ha mencionado las formulaciones que deben regir esta nueva norma.
"El modelo vigente siempre ha contemplado mecanismos excepcionales de intervención, pero rigurosamente acotados, motivados y limitados en el tiempo", ha alertado Fomento, que ha denunciado que "el anuncio del Ministerio de Consumo transforma una excepción regulada en una potestad de control generalizada que desvirtúa el sistema y deja a las empresas en una posición de vulnerabilidad injustificada".
La patronal defiende que "en episodios como la pandemia o emergencias recientes, sectores como el de la distribución han garantizado el abastecimiento, la logística y la accesibilidad en momentos extraordinariamente complicados". El anuncio del gobierno español, en cambio, "ignora esta capacidad de servicio y, además, lo hace sin escuchar ni consultar a los sectores afectados", denuncia Foment, que asegura que la medida "responde, una vez más, más a un impulso ideológico que a una estrategia realista de gestión de crisis".
El comunicado de Fomento apunta que la medida "no aporta soluciones logísticas ni organizativas y, en cambio, sí que introduce un riesgo evidente: acercar nuestro sistema económico a modelos de alto control administrativo que han demostrado ser ineficaces y perjudiciales". Fomento pide además retirar la iniciativa que se abra un proceso de diálogo con los sectores económicos. "Cualquier política que afecte al sistema de precios debe ser clara, motivada, excepcional y coherente con el ordenamiento vigente", ha afirmado Fomento.
La plataforma de consumidores Facua, en cambio, ha expresado su "satisfacción" por dar respuesta a una reivindicación que esta entidad pedía hacía tiempo.