La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, conocida por las siglas CEES, ha enviado un mensaje al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Le han pedido que mantenga las rebajas fiscales de los combustibles como mínimo hasta que pase el verano. Estas medidas se aprobaron para hacer frente al encarecimiento que provocó el conflicto de Oriente Medio, y ahora la patronal teme que, si se retiran de golpe, el precio del litro de gasolina subiría 29 céntimos y el del diésel se iría 22 céntimos arriba. En un comunicado hecho público estos días, los gasolineros hacen un llamamiento a la sensatez y a la responsabilidad, tanto del ejecutivo de Pedro Sánchez como de los grupos parlamentarios, para que prorroguen y convaliden estas medidas antes de que caduquen.
El Real Decreto Ley 7/2026 rebajó temporalmente el IVA de los combustibles del 21% al 10%, y también recortó el Impuesto Especial de Hidrocarburos hasta el mínimo que permite la normativa europea. Todo esto está previsto que dure hasta el 30 de junio, justo antes de que empiece la temporada alta de verano. Según la patronal, estas rebajas han demostrado sobradamente que funcionan, porque desde que se aplicaron, el litro de gasolina se ha abaratado un 15% y pico, y el del gasóleo ha bajado un 17% y poco. La CEES pone el acento en el hecho de que, si estas rebajas se detienen de manera repentina, el impacto sería crítico. Y no solo porque ir a llenar el depósito saldría mucho más caro, sino por las consecuencias en cadena que esto arrastraría.
Un golpe duro para las familias, el turismo y los transportistas
Los empresarios de las gasolineras argumentan que una subida directa y brusca de los precios penalizaría de lleno el consumo de las familias justo durante los meses de vacaciones, que es cuando más se mueven en coche. Además, aseguran que castigaría la competitividad del sector turístico, porque muchos visitantes se desplazan por carretera. Pero la cosa no queda aquí: los transportistas y los autónomos que viven del vehículo recibirían un revés durísimo, y este encarecimiento se trasladaría inmediatamente a toda la cadena de suministro. Traducido al día a día: si sube el gasóleo, sube el coste de llevar comida a los supermercados, de repartir paquetes o de transportar materiales de obra. Y esto, según alerta la patronal, podría alimentar una nueva espiral inflacionista que la sociedad española no se puede permitir después de dos años de subidas generalizadas.
Para dar más fuerza a su argumento, la Confederación recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió hace poco un informe donde confirma que las estaciones de servicio actúan con responsabilidad. Es decir, que cuando hay rebajas fiscales, estas se trasladan al precio final y no se quedan por el camino. Según Competencia, los consumidores son los beneficiarios directos de estas medidas, lo que desmonta la sospecha que algunos pudieran tener de que los gasolineros aprovecharan para engordar márgenes. En resumen, la petición de los gasolineros es clara: que no se toquen los impuestos de los combustibles hasta que pase el verano, porque quitar las rebajas ahora sería asestar un golpe tras otro en los bolsillos de las familias, al turismo, a los autónomos y a todo lo que se mueve por carretera. Y todo ello, mientras Competencia dice que las rebajas llegan donde tocan. Ahora falta ver qué decide el ministro de Economía.