El centro de análisis Funcas ha estimado que la inflación de referencia para la revalorización de las pensiones se situará en el 3,6%. Esta cifra, que se podrá calcular de forma preliminar el 27 de noviembre, es lo que determinará el aumento de las pensiones para el próximo año. La coincidencia temporal con la campaña electoral añade un elemento de complejidad a la gestión de esta medida, ya que el Gobierno se encontrará en funciones en el momento de aprobarla. Una de las hipótesis elaboradas por los expertos de Funcas para calcular sus previsiones económicas para España 2026-2028 se basa en la revalorización de las pensiones de cara al próximo año, que ascenderá aproximadamente a 8.400 millones de euros adicionales. Esta cifra da una idea de la magnitud del esfuerzo presupuestario que comporta mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Este mecanismo, que sustituye el sistema anterior basado en una revalorización discrecional, ha permitido que las pensiones no pierdan capacidad de compra en los años en que la inflación ha sido elevada. La fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual media de doce meses, desde diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor. Este periodo de referencia busca suavizar las oscilaciones mensuales del IPC y evitar que la revalorización dependa de un solo mes.
El calendario
Según el calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra avanzada del IPC de noviembre se conocerá el 27 de noviembre, dos días antes de la convocatoria electoral del 29 de noviembre. Esta coincidencia temporal hace que la cifra se convierta, de facto, en un elemento más de la campaña electoral, ya que condicionará el aumento de las pensiones que percibirán millones de ciudadanos el próximo año. El Gobierno de Pedro Sánchez considera factible poder aprobar en diciembre el real decreto ley de actualización de las pensiones conforme al IPC, a pesar de que se encuentre en funciones después de la cita electoral del 29 de noviembre. Según defienden desde el Ejecutivo, las pensiones deben ir en una norma con rango de ley, por lo cual requeriría la aprobación de un real decreto ley por parte del Gobierno en funciones y su ratificación por la Diputación Permanente del Congreso. Para el Gobierno, se cumpliría la justificación de la urgente necesidad, a pesar de que es una cuestión que deberán valorar los abogados del Estado.
"La revalorización de las pensiones está de alguna manera ya en la normativa, a pesar de que los abogados del Estado discutirán si es posible o no", ha coincidido el director de Coyuntura e Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres. Esta declaración refleja el debate jurídico que rodea la cuestión: por un lado, existe el mandato legal de actualizar las pensiones conforme al IPC; por el otro, existen las limitaciones que la Constitución impone a un Ejecutivo en funciones. La controversia no es menor, porque si finalmente no se pudiera aprobar el real decreto ley antes de la constitución del nuevo Congreso, la revalorización de las pensiones podría quedar en suspenso hasta que se formara un nuevo Gobierno, lo que generaría incertidumbre entre los pensionistas.