Los migrantes privilegiados, desde el punto de vista económico o formativo, aumentan su interés por España y en 2023 solicitaron permiso de residencia (hasta el mes de noviembre) 71.823 extracomunitarios inversores, emprendedores o profesionales de alta cualificación, una cifra 4,6 veces superior a los 15.349 solicitados hace tan solo 8 años, en 2016. Hasta octubre del año pasado, el Gobierno español había concedido 52.996 permisos de 67.385 solicitudes, un 78,65% del total, contando siempre profesionales o inversores y sus familiares.  

La cifra supera también por mucho, a falta de los números de diciembre de 2023, las 54.014 peticiones de 2022, según cifras de la Unidad de Grandes Empresas, órgano dependiente del ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones a las que ON ECONOMIA ha tenido acceso a través de documentos del ministerio compartidos con abogados de Extranjería. El ministerio no ha respondido a las reiteradas peticiones de este medio de estas cifras actualizadas y detalladas. 

La Unidad de Grandes Empresas fue creada por el Gobierno español en 2007 para "dar respuesta" a permisos de residencia de ciudadanos extracomunitarios de "especiales características", según reza su página web. Esta oficina tramita permisos a migrantes privilegiados desde el punto de vista económico o formativo: inversores —los polémicos permisos 'golden' a quien compra una casa o invierte a una empresa—, a profesionales altamente cualificados, investigadores, trabajadores del sector audiovisual y cultural y, desde diciembre de 2022, a nómadas digitales.

En los primeros 10 meses en vigor del permiso de residencia para nómadas digitales, entre enero y octubre de 2023, el Gobierno español concedió 7.116 permisos de residencia a nómadas digitales, un 66,7% de los 10.668 solicitados, tal y como informó también en exclusiva ON ECONOMIA, a falta de comunicaciones públicas oficiales.

Sobre el total de solicitudes de permiso de residencia emitidos hasta octubre, los nómadas digitales representaban un 15% del total, tercera categoría con mayor relevancia pese a ser de nueva creación por detrás de los profesionales altamente cualificados (muchos de ellos expatriados de multinacionales), que representaron el 39% sobre el total e inversores, el permiso golden, que representó el 17% del total. Los investigadores recibieron un 13% de los permisos que concedió de la Unidad de Grandes Empresas, mientras que los trabajadores extranjeros de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares representaron un 8% de las solicitudes tramitadas en 2023. Emprendedores, con un 4%, trabajadores del sector audiovisual, con un 2%, la tarjeta azul de profesionales altamente cualificados por la Unión Europea, con un 1%, y los empleados de la Copa América de Vela, que reciben un permiso excepcional, con un 1%, cierran el reparto de peticiones del año 2023. 

El interés de los extracomunitarios privilegiados por residir en España se disparó después de la pandemia, aunque venía creciendo desde el año 2016. Por entonces fueron solo 15.349 los expedientes tramitados por el Ministerio de Inclusión, mientras que en 2017 subieron a 21.293, en 2018 a 26.101 y en 2019 a 30.859. La pandemia provocó un retroceso hasta las 25.793 solicitudes, pero el número se volvió a disparar hasta los 36.931 en 2021. En 2022, se tramitaron en España 54.014 expedientes de permisos de residencia de profesionales altamente cualificados y emprendedores (contando siempre aceptados y rechazados), un 46% más que el año anterior. Esta cifra ha sido superada con creces en lo que va de 2023, incluso antes de conocer las cifras del año completo. Es más, hubo casi tantos concedidos hasta octubre de 2023 como solicitudes en todo el año 2022. 

De los 'golden' a los nómadas digitales

Entre los permisos de residencia que gestiona la Unidad de Grandes Empresas está el polémico permiso golden a inversores, que permite tener residencia europea a cambio de comprar una vivienda de a partir de medio millón de euros. Entre 2013 y 2022, 17.792 inversores y familiares obtuvieron este tipo de permiso, creado en 2008 para atraer inversiones y compradores extranjeros después de la crisis inmobiliaria. Chinos y rusos copan la mayor parte de estos permisos de residencia, cuestionados por la Comisión Europea por facilitar la entrada de corruptos y posibles fondos ilícitos y por ser, a la práctica, una venta de ciudadanía que rompe los principios de igualdad.

Diferentes son los permisos para profesionales altamente cualificados o investigadores, con los que las empresas pueden desplazar a perfiles técnicos de otras delegaciones del mundo (expatriados) o bien regularizar rápidamente a trabajadores de alto perfil que quieran contratar. En cuanto a los nómadas digitales, se trata de una variante que pretende facilitar a aquellos trabajadores extracomunitarios que facturen en remoto para sus empresas o como freelance y aporten impuestos a España.