España necesita saber con precisión en qué estado se encuentran sus infraestructuras antes de seguir poniendo parches. Esta es la idea central que el sector de la ingeniería ha puesto sobre la mesa este viernes, con cifras concretas. Según los cálculos de la firma Euroconsult Nuevas Tecnologías, el Estado debería destinar unos 20.400 millones de euros durante la próxima década a diagnosticar el estado real de sus obras públicas y a redactar los proyectos de rehabilitación correspondientes. Esta cantidad representa el 5% de los 407.341 millones de euros que Seopan, la asociación de constructoras y concesionarias, estima que habría que invertir en el conjunto de las infraestructuras durante el mismo periodo.
La propuesta no se limita a pedir dinero. El sector sostiene que esta primera tarea de diagnóstico permitiría ahorrar hasta un 20% de la inversión necesaria, porque actuaría antes de que los deterioros sean más graves y dirigiría los recursos hacia las actuaciones prioritarias. La lógica es la de la conservación preventiva: conocer el daño antes de que se extienda sale más barato que repararlo cuando ya ha afectado la estructura. Con este planteamiento, los 20.400 millones no se conciben como un gasto añadido, sino como una palanca que reduciría la factura de la rehabilitación.
Concentrar el esfuerzo en los primeros ejercicios
La ingeniería no propone repartir estos 20.400 millones de manera lineal a lo largo de diez años. Lo que defiende es concentrar un "mayor esfuerzo" en los primeros ejercicios, para diagnosticar el estado de las infraestructuras y abordar las actuaciones más urgentes cuanto antes. Una vez llevado a cabo este trabajo inicial, se podría implantar un sistema permanente de auscultación y seguimiento que permita anticipar el deterioro de las instalaciones y actuar antes de que los problemas se vuelvan críticos. Se trata, por tanto, de una secuencia en dos fases: primero una radiografía intensiva, después una monitorización continua. En esta línea, el sector plantea "poner en cuarentena" las infraestructuras que presenten riesgos graves, mediante restricciones temporales de uso hasta que se adopten las medidas necesarias. La medida se quiere aplicar especialmente a las infraestructuras críticas, aquellas cuyo funcionamiento se considera esencial para la prestación de servicios básicos. Para identificarlas, propone revisar y clasificar la información disponible y completar los diagnósticos con nuevas pruebas y medidas allí donde sea necesario.
Más allá del diagnóstico, la ingeniería reclama recortar los plazos administrativos y de contratación para que las intervenciones no lleguen tarde. También defiende recuperar la conservación preventiva y adaptar las infraestructuras a las nuevas exigencias climáticas y de servicio, dos factores que, según el sector, han cambiado las condiciones para las que se diseñaron muchas obras. Además, plantea un plan plurianual que garantice la continuidad de las inversiones en conservación y modernización "con independencia de los ciclos políticos", de manera que los proyectos no queden parados cuando cambia el color del gobierno. En este sentido, pide que los próximos presupuestos generales del Estado recojan las necesidades de inversión y que se complementen con esquemas de concesión y colaboración público-privada. La petición llega en un contexto de brecha acumulada: Seopan cifra en unos 150.000 millones de euros la inversión que se ha dejado de hacer en infraestructuras entre 2011 y 2023, un agujero que condiciona cualquier plan de rehabilitación futuro.
Finalmente, la ingeniería tecnológica apuesta por que el criterio técnico pese en la contratación pública de servicios de ingeniería. Concretamente, defiende valorar la experiencia, la especialización y la calidad de las propuestas y evitar que el precio sea el elemento "determinante" a la hora de adjudicar los contratos. La idea subyacente es que un diagnóstico barato puede acabar saliendo caro si no detecta los problemas reales de la infraestructura. El director general de Euroconsult, Leonardo Benatov, ha resumido la posición del sector durante una jornada organizada por Molins en colaboración con el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. "Estamos en un momento en el que ya no se puede seguir poniendo parches. Las auditorías son necesarias, pero tenemos que ir más allá y auscultar las infraestructuras para conocer en profundidad su estado real y diseñar soluciones para recuperar su óptimo nivel de servicio. Las decisiones de inversión deben basarse en diagnósticos técnicos rigurosos, no en criterios políticos", ha declarado Benatov.
