Las organizaciones empresariales catalanas han recibido con malestar la decisión de la Generalitat de fijar en un 25% los servicios mínimos de transporte público para la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. La medida ha provocado reacciones críticas por parte de las patronales, que consideran que el porcentaje establecido es inferior al que se había aplicado en convocatorias anteriores y que esta circunstancia puede tener consecuencias tanto para los trabajadores que no secunden el paro como para el funcionamiento general de la actividad económica.
El director de Estudios de Foment del Treball, Salvador Guillermo, ha expresado "su sorpresa" por el hecho de que la Generalitat haya fijado los servicios mínimos en un 25%. En este sentido, el dirigente de la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre ha recordado "que siempre se había fijado un 33%". Esta referencia a la práctica habitual en convocatorias anteriores es el principal argumento de la patronal para cuestionar la decisión, ya que supone comparar la cifra actual con el criterio que se había aplicado hasta ahora. La diferencia de ocho puntos porcentuales respecto a lo que la patronal considera el criterio habitual es el motivo central de su perplejidad.
La reacción de Pimec
Por su parte, Pimec también ha valorado que los servicios mínimos de la huelga "son extraordinariamente bajos". La patronal de las pymes considera que esta circunstancia provocará que aquellas personas que no quieran secundar el paro tengan dificultades para llegar al trabajo. El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha advertido que la convocatoria afectará la actividad económica y se ha dirigido a gobiernos y sindicatos para decirles "que no resolverá en ningún caso el problema de la vivienda". Con estas declaraciones, Ginesta no se limita a cuestionar el porcentaje de servicios mínimos, sino que también pone en duda que la huelga sea el instrumento adecuado para abordar la cuestión de la vivienda y señala a los sindicatos y los gobiernos como destinatarios de esta advertencia.
En clave sindical, los líderes de CCOO y UGT en Catalunya, Belén López y Camil Ros, han advertido que no tolerarán que las compañías aprovechen los servicios mínimos para hacer trampas. Ambos han remarcado que, aunque el decreto de la Generalitat respeta los pactos previos cerrados en otras convocatorias, consideran desproporcionados y abusivos los porcentajes fijados del 85% para el sector social. Asimismo, sostienen que la huelga general del 11 de noviembre será un éxito, ya que salarios y vivienda son dos caras de la misma moneda. Esta intervención de los sindicatos introduce un elemento adicional al debate, ya que, aunque no cuestionan el porcentaje del 25% en el transporte, sí que critican los porcentajes elevados en otros ámbitos, como el sector social.
La fijación de los servicios mínimos es uno de los elementos que determina cómo se desarrolla una jornada de huelga general. En el caso del transporte público, el porcentaje establecido condiciona la capacidad de los ciudadanos de desplazarse, tanto si deciden secundar el paro como si no. Las patronales señalan que un porcentaje bajo puede dificultar el acceso al trabajo de las personas que no quieren hacer huelga, mientras que los sindicatos ponen la atención en los porcentajes elevados de otros sectores y advierten que no aceptarán que las empresas aprovechen la convocatoria para incumplir los pactos establecidos. La coincidencia de todas las partes a la hora de fijarse en los servicios mínimos, aunque sea por motivos diferentes, indica que este será uno de los elementos centrales de la jornada del 11 de noviembre.