Los acreedores afectados por los incumplimientos de los laudos derivados de los recortes a las energías renovables han asegurado este lunes que han tomado posesión efectiva de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) y que están preparando su venta en subasta. Según han detallado fuentes de los fondos, representantes legales de los acreedores se han personado en el inmueble para formalizar los trámites asociados a la ejecución decretada por los tribunales neerlandeses. El proceso de venta mediante subasta pública ya está en marcha.

Los acreedores estiman que el valor del inmueble se aproxima a los 10 millones de euros, una cifra derivada de su ubicación en una zona de gran valor inmobiliario de Utrecht y de las características arquitectónicas y patrimoniales del edificio. Una vez completada la venta, los nuevos titulares tendrían la plena disponibilidad de la propiedad, según la normativa aplicable, incluyendo la facultad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la posesión efectiva y la utilización conforme a los derechos reconocidos por las resoluciones judiciales.

El Gobierno defiende que el embargo es ilegal

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han subrayado que España ha iniciado un procedimiento judicial para obtener una resolución que obligue al funcionario público a levantar el embargo. El gobierno alega que el laudo que se ejecuta ha sido notificado como ayuda de Estado a la Comisión Europea, y que el ejecutivo neerlandés ha comunicado al funcionario su deber de detener la venta de los bienes. Las mismas fuentes han señalado que la colocación de un cartel en la puerta del edificio "no supone un paso adicional en el eventual procedimiento de venta, sino que parece destinado a un fin puramente periodístico sensacionalista". Desde la perspectiva del ministerio, la acción de los acreedores tiene un componente de presión mediática más que una efectividad jurídica inmediata. La embajada española en los Países Bajos ha seguido con atención el desarrollo de los acontecimientos y ha ofrecido asistencia al Instituto Cervantes para minimizar el impacto de la ocupación del inmueble.

Por su parte, los acreedores han reiterado que siempre han mantenido abierta la vía del diálogo, pero han recordado que más de una década después de los recortes retroactivos a las renovables, continúan sin percibir las compensaciones reconocidas por tribunales internacionales. Esto les ha obligado a recurrir a medidas de ejecución patrimonial en diferentes jurisdicciones. El conflicto tiene su origen en los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno en el año 2013, que modificaron retroactivamente las condiciones de retribución de las energías renovables y provocaron demandas de inversores extranjeros ante tribunales internacionales.

Además de los Países Bajos, los acreedores han obtenido victorias judiciales en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, donde los tribunales han reafirmado la obligación de España de cumplir con los laudos arbitrales. En Estados Unidos, la Administración recomendó recientemente al Tribunal Supremo que rechace la petición de España para revisar las sentencias que reconocen aproximadamente 700 millones de dólares en créditos a favor de los reclamantes. En Bélgica, además, permanecen consignados unos 250 millones de euros en cuentas judiciales vinculadas a procedimientos de ejecución en curso.

La tensión entre ambas partes no ha dejado de crecer en los últimos meses, y la toma de posesión de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht es el último episodio. El Gobierno defiende que esta vía de ejecución es contraria al derecho internacional, pero los acreedores argumentan que han agotado todas las vías de diálogo y que no tienen más remedio que actuar para cobrar una deuda que algunos han reclamado desde hace más de una década. La resolución de este conflicto dependerá, en última instancia, de la interpretación que hagan los tribunales neerlandeses de la normativa europea en materia de ayudas de Estado. El ejecutivo español confía en que la decisión judicial sea favorable a sus intereses, pero los acreedores han demostrado en el pasado que están dispuestos a utilizar todos los medios legales a su alcance para hacer efectivos sus créditos, incluida la persecución del patrimonio del Estado en el extranjero.