En España había 569.278 funcionarios del Estado el 31 de diciembre de 2022 (último dato conocido), que suponen 5.183 más que a finales del año 2021, un 0,92% de incremento. Aunque con la llegada al Gobierno del Partido Socialista, en 2018, el número ha crecido un 2%, o lo que es lo mismo, 11.410 personas más; la incorporación de nueva plantilla apenas ha cubierto una de cada cinco plazas del Estado que se han perdido desde 2012, cuando el Gobierno popular de Mariano Rajoy impuso la congelación en la reposición de las jubilaciones. Antes de la llegada del PP, en 2011, trabajaban para el Estado 626.192 personas, casi 60.000 más que en 2022, lo que conlleva una pérdida del 9,1% de empleo público del Estado en los últimos 10 años, según la Intervención General de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En el periodo de los gobiernos de Rajoy (2012 a 2017), la plantilla del Estado descendió en 68.325 plazas, con un mínimo de 557.868 en 2017. Con el cambio de Gobierno, tras la moción de censura presentada por el PSOE, el empleo público al servicio del Estado inició un incremento continuado, aunque ligero, si se excluye 2020 (año de la pandemia) cuando el número de funcionarios se redujo en 1.400, el 0,25% del total. No obstante, cabe recordar que de las tres administraciones públicas, la del Estado es la que cuenta con menos trabajadores, frente al conjunto de las autonomías que en 2022 empleaban a 1,6 millones de personas (una buena parte dedicada a la sanidad y a la enseñanza) y la local, con una plantilla global de casi 600.000 personas.

Fuerzas Armadas

A grandes rasgos, el aumento de la plantilla durante el pasado año se debe, casi en exclusiva, a la incorporación a las Fuerzas Armadas de 5.004 profesionales, pues el aumento de puestos en la Administración Civil apenas ha compensado el descenso de cerca de 1.400 trabajadores de la Administración de Justicia y de 150 trabajadores de la Seguridad Social. En 2023, dadas las fuertes críticas que ha recibido este último organismo por el deterioro en el servicio, se han realizado contrataciones de personal temporal. Desde el ministerio que dirige, en funciones, José Luis Escrivá, se defienden alegando que con el mismo personal han tenido que asumir la carga de trabajo de gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

 

En la administración civil se han cubierto el pasado año 1.720 nuevas plazas, un crecimiento del 0,5%, que han ido a parar especialmente a “otros entes públicos”. La plantilla de los ministerios (Administración General del Estado o AGE) ha subido en 370 personas, y las Agencias Estatales (sin incluir la Agencia Estatal de la Administración Tributario) en otras 560. Por su parte, los Organismos Autónomos han perdido 256 trabajadores. Si nos remontamos una década atrás, la mayor parte del empleo del Estado perdido se ha producido en la Administración Civil, en especial en los ministerios (38.000 empleos menos) y los Organismos Autónomos (15.100 menos). La administración de justicia ha aumentado en casi 600 activos, gracias a la incorporación de personal a la Administración de Justicia en los dos últimos años, las fuerzas armadas están por debajo de 2011; en concreto, 1.300 menos y la Seguridad Social ha prescindido de 5.000 empleados en los últimos 10 años.

Servicios al público

Del total del personal del Estado, el 32% son mujeres, una proporción muy baja si se tiene en cuenta que el 60% del total de los funcionarios están relacionados con las fuerzas del orden y el Ejército, donde la mujer tiene un peso muy bajo. En concreto, las fuerzas del orden (policía nacional y Guardia Civil) suponen el mayor volumen de empleados del Estado, pues según los datos de la Intervención General, en 2022 el Ministerio del Interior contaba con 184.804 trabajadores, de los que el 17,6% eran mujeres. Además, la Jefatura de Tráfico, dependiente de este ministerio, pero contabilizado como un organismo aparte, contó con 12.150 plazas, el 15% ocupadas por mujeres.

El Ministerio de Defensa, por su parte, se coloca en segundo lugar, con 144.185 militares, de los que solo el 11,76% son mujeres, y 14.875 civiles, donde las mujeres elevan su peso al 45%. El personal relacionado con la Seguridad Social es el tercero por volumen, 53.581 personas, aunque en este bloque se contabilizan 23.082 trabajadores que prestan sus servicios en las Mutuas colaboradoras, que tienen independencia financiera al generar ingresos con los servicios que prestan a las empresas. De los otros 30.500, la Tesorería General emplea a 11.350 y 10.850 el Instituto Nacional de la SS. En este sector, las mujeres son mayoritarias, con un 62% del total.

La administración de Justicia se sitúa a continuación, dando empleo a 25.048 personas, un 67% mujeres, de los que unos 5.400 son jueces y magistrados. La plantilla de la Agencia Tributaria fue, en 2022, de 26.826, el 53% mujeres. Ya por detrás, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) da trabajo a 13.888 personas, la mitad mujeres y, entre los grandes contratadores del Estado, también está el Ministerio de Trabajo, con 13.269 asalariados, de los que 8.830 prestan servicio en el Sepe (65,4% mujeres) y 3.187 en la Inspección de Trabajo (62% mujeres).

Altos cargos

Respecto a los altos cargo, en 2022 había 417 ligados a los distintos ministerios y sus organismos dependientes, a los que se suman otros 104 altos cargos de la Administración de Justicia. En el caso de los primeros, se ha producido un incremento de 12 plazas respecto a 2021. Por ministerios, Presidencia cuenta con 42 altos cargos (38 en 2021), Hacienda y Función Pública 40 (37 el año pasado), el Ministerio de Asuntos Económicos, 37 (34 un año antes); Política Territorial, 28 (33), pues incluye a los delegados del Gobierno en las distintas autonomías, y Asuntos Exteriores, 27 (26 en 2021). El resto de ministerios se colocan por debajo de los 20 altos cargos.