Una decena de grandes compañías del sector de los hidrocarburos espera una resolución de la Agencia Tributaria que puede incidir de forma directa en su operativa en España. Antes de que concluya el mes de enero, el Ministerio de Hacienda debe pronunciarse sobre la concesión de la categoría de Operador Confiable de Hidrocarburos, una figura fiscal destinada a empresas que acreditan elevados estándares de control, trazabilidad y solvencia económica.
El reconocimiento como Operador Confiable permite a las empresas extraer carburantes de depósitos fiscales sin necesidad de aportar garantías por el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En un sector caracterizado por grandes volúmenes de producto y elevados importes tributarios, la obligación de presentar avales puede suponer compromisos financieros de gran magnitud. La exención de esta exigencia tiene efectos directos en la gestión de tesorería y en los procesos logísticos vinculados al movimiento de combustibles.
La figura fue introducida por Hacienda con el objetivo de reforzar el control del fraude en un ámbito históricamente sensible, al tiempo que se simplifican los trámites administrativos para aquellos operadores con un historial sostenido de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Su diseño responde a un esquema selectivo, basado en requisitos objetivos y verificables, cuya acreditación corresponde evaluar a la Administración tributaria. Por el momento, solo Repsol y Moeve tienen esta condición.
Entre las empresas que permanecen pendientes de resolución se encuentran grupos de relevancia en el mercado, como Galp, Nieves Family Corporation, BP o HATTA Energy. Según la información incorporada a sus expedientes, estas compañías cumplen los criterios establecidos en la Orden HAC/1496/2025, que regula el acceso a esta condición. En concreto, constan inscritas en los registros exigidos, acreditan los volúmenes mínimos de extracción, disponen de la experiencia requerida como operadores al por mayor y cumplen los parámetros de solvencia y viabilidad financiera previstos en la normativa.
Galp, Nieves Family Corporation, BP y HATTA Energy cumplen los requisitos y esperan la resolución del Gobierno
El procedimiento de concesión no es automático. La Agencia Tributaria debe comprobar, caso por caso, que se cumplen todos los extremos reglados, tanto desde el punto de vista fiscal como administrativo. La resolución final tiene implicaciones relevantes para la estructura del mercado, ya que el estatus de Operador Confiable introduce diferencias operativas entre quienes lo obtienen y quienes continúan sujetos al régimen general de garantías.
La nueva figura funciona como un mecanismo específico para el sector energético, paralelo al Operador Económico Autorizado (OEA) existente en el ámbito aduanero, pero adaptado a la complejidad propia del movimiento de carburantes y al régimen de los impuestos especiales. Además de los efectos económicos asociados a la reducción de cargas financieras, la inclusión en el registro oficial comporta un reconocimiento administrativo que incide en las relaciones con otros agentes del sector.
El listado de Operadores Confiables de Hidrocarburos es público y puede ser consultado por los titulares de depósitos fiscales. Estos utilizan el registro como referencia para autorizar operaciones en sus instalaciones, lo que otorga a la figura una dimensión práctica en la operativa diaria del mercado. La trazabilidad y la confianza en el cumplimiento normativo son elementos centrales en este tipo de transacciones, sujetas a un control exhaustivo por parte de las autoridades.
Los requisitos para ser Operador Confiable
La decisión de Hacienda se produce en un contexto de especial vigilancia sobre el sector energético, marcado por un refuerzo de las inspecciones y por la atención puesta en la evolución de los precios de los combustibles. En este escenario, la resolución administrativa puede marcar un punto de inflexión para las empresas afectadas, al determinar si operan bajo un régimen simplificado o mantienen las obligaciones financieras y burocráticas habituales.
Según la Orden HAC/1496/2025, los requisitos para acceder al estatus de Operador Confiable incluyen, entre otros, estar inscrito en el registro de extractores de hidrocarburos; haber extraído al menos 1.000 millones de litros de gasolinas, gasóleos y biocarburantes durante el año natural anterior; acreditar una actividad como operador al por mayor durante los tres años previos a la solicitud; y cumplir los criterios de solvencia y viabilidad financiera establecidos en la normativa aduanera, como disponer de activos netos positivos.
Con estos elementos sobre la mesa, la Agencia Tributaria afronta una resolución que combina la aplicación técnica de la normativa con un impacto directo en el funcionamiento del mercado de los carburantes. El fallo, previsto para los próximos días, determinará qué empresas acceden a esta nueva categoría fiscal y cuáles continúan operando bajo el régimen general vigente.