El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto ley que regula y hace efectiva la subida salarial para el personal al servicio del sector público durante los años 2025 y 2026. La norma, aprobada ayer en el Consejo de Ministros, entra en vigor en el momento de su publicación y tiene como disposición central la implantación del incremento del 2,5% pactado para el ejercicio 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Este movimiento se materializará en una paga única que los funcionarios de la Administración General del Estado percibirán este mismo mes de diciembre. Esta medida constituye la primera fase del acuerdo marco de finanzas públicas durante el periodo 2025-2028, firmado la semana pasada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con los sindicatos UGT y CSIF.
Posteriormente, CCOO, que inicialmente no lo suscribió, anunció su incorporación al acuerdo tras un debate en su Consejo Confederal. El pacto establece una subida salarial acumulada del 11% en el conjunto de los cuatro años, aunque, por efecto arrastre, los sindicatos calculan que el aumento real podría acercarse al 11,5%. El esquema de subidas pactado se despliega de la siguiente manera. Para el año 2025 se establece un incremento consolidable del 2,5% respecto a los sueldos vigentes el 31 de diciembre de 2024. Para el año 2026 se aplica un incremento fijo consolidable del 1,5%, con efectos desde el 1 de enero.
A esta cifra se le podrá añadir un variable adicional del 0,5% si la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) en diciembre de 2026 iguala o supera el 1,5%. Este 0,5% adicional, en caso de activarse, se pagaría de forma retroactiva durante el primer trimestre de 2027. Los años 2027 y 2028 quedan fijados con subidas del 4,5% y del 2%, respectivamente. En la práctica, la aplicación de las subidas de 2025 y 2026 supondrá que, entre diciembre de este año y enero del próximo, los salarios de los empleados públicos habrán experimentado una revaluación acumulada del 4%.
Abono inmediato y retroactivo
El real decreto ley establece que la subida del 2,5% correspondiente a 2025 tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero. En el caso concreto de los aproximadamente 540.000 funcionarios de la Administración General del Estado, estos atrasos se cobrarán de forma concentrada en una única paga extra en diciembre. Para ilustrar el impacto económico, un empleado público con un sueldo medio bruto de 3.300 euros al mes recibiría en este concepto una cuantía adicional cercana a los 1.140 euros.
En cuanto al resto de administraciones públicas, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la norma establece el marco general, pero serán estas administraciones las que deban negociar y establecer el calendario concreto de abono de los atrasos de 2025 dentro de su propio ámbito. Este pago podrá efectuarse también en diciembre de 2025 o bien distribuirse a lo largo de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, según lo que se pacte en cada una de las mesas de diálogo social.
Aunque el Real decreto ley entra en vigor este miércoles, su vigencia definitiva está sujeta a su convalidación por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes desde su publicación. El Gobierno ha previsto someterlo a votación en el único pleno del mes de diciembre, programado para la semana que viene. La semana del 15 de diciembre no habrá sesión plenaria debido a la campaña electoral en Extremadura, y posteriormente comienzan las festividades navideñas. La convalidación en este pleno es, pues, un trámite necesario para que la norma, y, por tanto, los derechos económicos que reconoce, mantengan su validez.