Notarios, abogados, procuradores, arquitectos, agentes inmobiliarios, economistas y administradores de fincas han decidido sentarse en la misma mesa para abordar la crisis de la vivienda. El Colegio Notarial de Catalunya acogió, durante la jornada del lunes, el congreso ¿La vivienda en Catalunya: un derecho real?, un encuentro que reunió a los máximos responsables de los siete colegios profesionales vinculados al mercado residencial. La intención era doble: construir una respuesta conjunta desde sus respectivas especialidades y dirigirse directamente a las administraciones para exigir medidas más efectivas. Durante las intervenciones se expusieron indicadores que dibujan un escenario complicado, como el descenso de las compras realizadas por ciudadanos extranjeros o la decisión de muchos propietarios de sacar sus inmuebles del circuito de alquiler a raíz de los cambios legislativos.
Varios participantes calificaron esta situación de inseguridad jurídica y subrayaron que esta sensación se intensifica en un momento preelectoral, cuando las reglas del juego pueden variar con facilidad. El decano del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, fue uno de los más insistentes en reclamar que las decisiones públicas se basen en información contrastada. Con una comparación muy ilustrativa, advirtió que "una política de vivienda sin datos es como un viaje sin brújula", y presentó varias cifras extraídas de las estadísticas notariales de compraventas para demostrar hasta qué punto el diagnóstico actual puede ser incompleto si no se parte de datos fiables.
La otra cara de las medidas de protección
Marín también puso el dedo en un aspecto incómodo del debate: los efectos colaterales que pueden tener las normas pensadas para proteger a los colectivos más frágiles. El decano dejó claro que la protección de las personas vulnerables es una obligación ineludible, pero avisó de que herramientas como congelar los alquileres o prorrogar los contratos pueden alterar los "flujos residenciales" que tradicionalmente han permitido a una persona pasar de un alquiler modesto a uno más grande y, finalmente, a la compra. Según su análisis, estas medidas pueden acabar actuando como "un tapón" que dificulte precisamente el acceso a la vivienda de quien más lo necesita.
La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lidia Guillén, centró su discurso en la necesidad de una respuesta que implique a todos los actores y que respete los diversos derechos en juego, desde la protección de los vulnerables hasta la seguridad jurídica de los propietarios. Guillén reconoció que garantizar el derecho a la vivienda puede exigir regulaciones que afecten a otros derechos, y describe este derecho como una realidad "poliédrica", con competencias repartidas entre administraciones de diferentes niveles, algunas de las cuales no dependen de la Generalitat.
Con franqueza, admitió que "no tenemos un sistema público de vivienda como lo tenemos con la sanidad", y expresó la voluntad de construirlo con la colaboración de los colegios y agentes profesionales. "Sois imprescindibles, la Administración sola no puede hacer esto", afirmó ante los representantes de los siete colegios. La jornada contó con la participación de la decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sandra Bestraten; la presidenta del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, Montserrat Junyent; el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy; el decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura; la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo; el presidente del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Lorenzo Viñas, y el propio Marín. .
Alquilar en Barcelona, una misión casi imposible
El decano de los economistas, Carlos Puig de Travy, eligió un ejemplo muy tangible para explicar el alcance de la crisis: un trabajador que no puede aceptar una oferta de trabajo porque no encuentra dónde vivir. "La empresa no puede atraer los perfiles cualificados para su tarea; esto impide la economía normal", alerta. Como solución, Puig de Travy propuso incrementar de manera constante la oferta de vivienda asequible y libre, crear un parque de vivienda social estable, reforzar la coordinación entre la Administración y los agentes implicados y destinar "recursos públicos y suficientes", especialmente a quien no puede acceder al mercado. La decana de los arquitectos, Sandra Bestraten, puso el acento en las dificultades del sector de la construcción. Recordó que edificar viviendas es "lento y costoso" y que la mano de obra atraviesa "una situación crítica: el precio se encarece, y cuando sea más escasa, el precio todavía irá subiendo más".
Además, señaló que la industrialización del sector se sitúa en torno al 2%, y se ha ofrecido a ayudar a la Administración a reducir los plazos para otorgar licencias, que actualmente son de un año de media. La presidenta de los agentes inmobiliarios, Montserrat Junyent, coincidió en que la crisis afecta a ámbitos muy diversos y que, por lo tanto, "requiere una respuesta colectiva". "Reivindicamos un pacto lo más transversal posible para hacer efectivo el derecho a la vivienda", reclamó. También advirtió que España se encuentra "a la cola" de vivienda social en Europa y ha señalado el "déficit de creación de hogares, muy por detrás de las necesidades de la población", mientras los precios continúan subiendo. "Hoy en día, alquilar una vivienda en Barcelona y en su área metropolitana es prácticamente imposible", sentenció.
Propietarios que pierden el interés
El decano de los procuradores, Javier Segura, defendió que limitar el aumento de los alquileres por debajo del IPC deja "sin rentabilidad al propietario", lo que le puede empujar a retirar su piso del mercado. Aplicó un razonamiento similar a la regulación del alquiler de habitaciones, y defendió que "los principales perjudicados son los estudiantes" que buscan compartir piso, porque al limitar el precio del conjunto de habitaciones al equivalente regulado del total del piso, "los propietarios están cambiando de perfil" y buscan otros tipos de inquilinos. El presidente de los administradores de fincas, Lorenzo Viñas, expuso esta misma pérdida de incentivos entre los propietarios. También apuntó que algunas familias se ven obligadas a elegir entre una vivienda en su lugar de origen o cubrir otros gastos básicos, lo que genera "desarraigo, rompe redes vecinales y genera sensación de injusticia".
Viñas fue muy directo: "no es un error del mercado, es un error de país". Y aportó un dato significativo: en los últimos diez años se han aprobado 34 normas relacionadas con la vivienda, mientras que en los cinco años precedentes se aprobaron solo cinco. "Quizás hay un exceso normativo", sugirió. La decana de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, puso cifras al impacto de la regulación.
"En tres días, 4.972 viviendas retiradas del mercado por inseguridad jurídica", afirmó, en referencia a la entrada en vigor de los últimos decretos del Gobierno en materia de vivienda. Vallejo puso el ejemplo de un propietario que intentara litigar un desahucio en 2022, cuando estaba vigente la moratoria por la pandemia que se alargó hasta 2026, y ahora, con los nuevos decretos, se aplica una nueva prórroga hasta 2030. Esta acumulación de prórrogas, según su lectura, alimenta la percepción de inseguridad que empuja a muchos propietarios a sacar los inmuebles del mercado.