La Comisión Europea (CE) ha informado de que ha aprobado este lunes el plan del Gobierno español de 408 millones de euros dirigido a promover la descarbonización de la industria, al considerar que va en consonancia con los objetivos del Pacto de Industria Limpia. Este régimen español de ayudas estatales aspira a facilitar la transformación hacia una economía de cero emisiones netas y estará financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ha explicado la Comisión Europea en una nota.

El plan ha sido aprobado con arreglo al Marco de Ayudas Estatales del Pacto de Industria Limpia (CISAF), adoptado por la Comisión el pasado 25 de junio de 2025, tras la evaluación positiva por parte de la Comisión.

La Comisión Europea ha concluido que el régimen español es "necesario, adecuado y proporcionado" para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas que son importantes para la aplicación del Pacto de Industria Limpia.

El objetivo del plan de ayudas es apoyar la descarbonización de los procesos de fabricación en instalaciones existentes mediante inversiones que contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la mejora de la eficiencia energética de los procesos industriales.

Gracias a este plan, España prevé un ahorro anual de emisiones de gases contaminantes de alrededor de 1,6 megatoneladas de CO2. La iniciativa respaldará inversiones en tecnologías como la electrificación, la transición al hidrógeno verde, la recuperación de calor residual y la captura, almacenamiento y utilización de carbono, en una amplia gama de sectores, incluidos los químicos, cerámico, papelero y metalúrgico.

En el marco del régimen, las ayudas se concederán en forma de subvenciones directas. Estarán abiertas a empresas de todos los tamaños, así como a instalaciones y sectores incluidos y no incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión. Para limitar distorsiones indebidas de la competencia, las ayudas no podrán utilizarse para financiar un aumento de la capacidad de producción del beneficiario. El importe máximo de la ayuda por empresa y por proyecto está limitado a 200 millones de euros