CCOO y UGT han registrado oficialmente la huelga general del 11 de noviembre en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con este trámite, la protesta deja de ser una amenaza y se convierte en una cita ineludible que afectará a todo el Estado. A partir de ahora, administraciones, patronales y ciudadanía deberán posicionarse ante un paro que nace con la voluntad de sacudir la agenda política y social, a las puertas de las elecciones del 29-N. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido la jornada como una oportunidad para desembocar en una gran movilización social de carácter transversal y unitario en todo el Estado.

Su lectura es que la protesta no puede quedarse en el ámbito estrictamente sindical, sino que debe incorporar sensibilidades diversas y sectores que, desde posiciones diferentes, comparten la misma preocupación por el acceso a la vivienda y por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Esta voluntad de ampliar la base de la convocatoria es, a su juicio, lo que puede hacer que la jornada tenga un impacto real y no se limite a una demostración de fuerza de los afiliados.

Por parte de UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha sido especialmente duro en el terreno de la vivienda. Ha criticado que con los salarios actuales la inmensa mayoría de los trabajadores no puede acceder a un piso y ha expresado que la movilización tiene como destinatarios, en primer lugar, a los que se sienten aludidos. Con esta formulación, el líder ugetista quiere interpelar directamente a los poderes públicos y los agentes económicos que, según su visión, han permitido que el coste de la vivienda se haya desconectado de la capacidad real de las familias.

La respuesta a las críticas de las patronales

La convocatoria ha levantado recelos entre las patronales, que han calificado la huelga de política. Sordo ha salido al paso de estas acusaciones y ha argumentado que todas las huelgas apelan a políticas públicas, pero que esto no las convierte en convocatorias partidistas. Según su explicación, lo que hace la protesta es apelar al conjunto de las administraciones y, particularmente, a aquellas que se han opuesto radicalmente a cualquier medida que facilite el acceso de la población española a una vivienda digna y a precio asequible. Con esta réplica, el dirigente sindical desplaza el debate desde la supuesta instrumentalización política hacia la responsabilidad de quien ha bloqueado las soluciones.

Sordo también ha remarcado que la jornada del 11 de noviembre tiene una dimensión laboral que no se puede obviar. Además de las políticas de acceso a la vivienda, la convocatoria reivindica mejoras salariales concretas. El secretario general ha reclamado un acuerdo de convenios colectivos que impulse los salarios para hacer frente a la inflación, que, según su análisis, se está comiendo las subidas que se han conseguido en los últimos tiempos. En este sentido, ha exigido incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, además de un aumento del SMI de como mínimo el 7%. Álvarez ha coincidido con CCOO en reclamar una subida del 7% del SMI, de manera que las dos organizaciones presentan un frente común en la principal reivindicación salarial. En materia de vivienda, el líder de UGT ha exigido que a corto plazo se controlen los precios de los alquileres, que se acabe con los desahucios y que se cierre el paso a los fondos buitre.

A medio y largo plazo, ha pedido incentivar la construcción de viviendas protegidas, convencido de que sin un aumento de la oferta pública no se podrá corregir el actual desequilibrio del mercado. Álvarez ha criticado que los sindicatos hace más de un año que esperan a la patronal CEOE para sentarse y negociar el acuerdo por convenios colectivos, y que hasta hoy no han podido hacerlo. Esta inacción, según su parecer, es una de las razones que justifican la convocatoria de la huelga. Además, ha augurado movilizaciones crecientes en el futuro si no se consigue un acuerdo para subir los salarios, de manera que la jornada del 11 de noviembre podría ser solo el primer capítulo de una escalada de protestas si las posiciones no se aproximan.