Las comunidades autónomas pagarán hasta 11.789 millones de euros en intereses por su deuda en 2028, lo que supone más que triplicar el coste de 2022, cuando abonaron 3.608 millones de euros, siempre que su deuda con el Estado o con el mercado privado no sea condonada o pagada, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha situado a Catalunya y la Comunidad Valenciana como las dos Comunidades Autónomas que experimentarán una mayor variación en el gasto en intereses de la deuda pública durante los próximos años, pagando un incremento de más de 1.500 millones de euros en el período entre el 2022 y el 2028. Así se recoge en la nota publicada este martes por Fedea y que ha sido elaborada por los economistas del think tank Manuel Díaz y Carmen Marín, en la que se ofrece una previsión del gasto en intereses de las comunidades autónomas durante los próximos años.
Según estos datos, Catalunya tendrá una variación de 1.793 millones de euros en el gasto de intereses de la deuda pública en términos absolutos durante el período entre 2022 y 2028, lo que supone un incremento del 174%, mientras que el de la Comunidad Valenciana asciende a 1.565 millones, un 433%.
Le siguen en términos absolutos Andalucía (977 millones de euros); Madrid (824 millones); Castilla y León (441 millones); Galicia (408 millones), Castilla-La Mancha (398 millones); Murcia (330 millones), País Vasco (261 millones); Canarias (250 millones); Baleares (237 millones); Aragón (236 millones); Asturias (169 millones); Extremadura (153 millones); Cantabria (56 millones); Navarra (45 millones) y La Rioja (37 millones).
El incremento se debe a los tipos de interés y a la deuda
Ese gasto de hasta 11.789 millones de euros obedece tanto al aumento de los tipos de interés como al elevado volumen de deuda, detalla la fuente. Las proyecciones parten de una serie de supuestos anclados en previsiones oficiales del Gobierno de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) sobre la evolución del PIB y de los saldos presupuestarios autonómicos y en la última información estadística disponible (del Tesoro y el Banco de España), se dice en la nota.
"A la vista de nuestros resultados, las autonomías deben calibrar con mucha prudencia las políticas fiscales expansivas que puedan estar contemplando", advierte Fedea. "Estas administraciones han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales", alerta.
"Desde FEDEA, al igual que desde AIReF y del Banco de España, llevamos más de cuatro años sugiriendo que las comunidades autónomas deberían diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de sus cuentas", añade. En 2022, el gasto autonómico en intereses registrado por Hacienda ascendió a 3.608 millones de euros, por lo que Fedea estima que, bajo sus supuestos, esa cifra se incrementaría hasta los 11.789 millones de euros en 2028.