Una sentencia reciente del TJUE señala que las entidades financieras no se pueden negar a reembolsar inmediatamente una operación no autorizada alegando una posible negligencia grave del cliente. Así pues, si el banco considera que hubo negligencia grave, lo tendrá que demostrar posteriormente y reclamar por las vías legales oportunas, pero no retener el dinero mientras se resuelve la controversia.
De esta manera, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 15 de octubre del 2026 sobre phishing al entender que abre la puerta para que miles de afectados puedan recuperar el dinero cuya devolución fue denegada por su banco alegando una supuesta negligencia grave. La resolución responde a un caso de phishing en Polonia en que una entidad bancaria rechazó devolver el dinero sustraído a una clienta por considerar que había actuado con negligencia grave al introducir las credenciales en una página web que imitaba la de su banco. Sin embargo, el TJUE considera que la obligación de reembolsar una operación no autorizada es independiente de la eventual responsabilidad del consumidor y que corresponde al banco demostrar a posteriori esta negligencia.
En la práctica, las entidades financieras no se pueden negar a devolver inmediatamente (o como máximo al final del día hábil siguiente) el importe de una operación de pago no autorizada basándose en la posible existencia de una negligencia por parte del usuario. Y se refuerza un principio esencial para la protección de los usuarios: la carga de la prueba corresponde al banco. Si una entidad entiende que el cliente actuó con negligencia grave o incluso de forma fraudulenta, lo tendrá que acreditar y, en su caso, reclamar posteriormente las cantidades abonadas. El TJUE recuerda además que solo hay una excepción que permitiría retrasar el reembolso: que la entidad disponga de motivos razonables para sospechar que el mismo usuario ha cometido un fraude. En esta circunstancia, el banco está obligado a comunicar formalmente esta sospecha a la autoridad competente.
Una nueva doctrina que enmienda la actual
Esta nueva doctrina corrige una estrategia habitual de muchas entidades financieras, que durante años han utilizado la alegación de negligencia grave para rechazar reclamaciones y trasladar a los afectados la carga de acudir a los tribunales para recuperar el dinero. Esta situación, además de generar una evidente indefensión, obliga a muchas víctimas de fraude a afrontar largos procesos judiciales mientras están privadas de unos fondos que, según la normativa europea sobre servicios de pago, deberían haber sido restituidos sin demora. Por ello OCU anima a los miles de afectados por phishing durante estos últimos años a volver a reclamar a su banco cuando su reclamación fuera rechazada por el Servicio de Atención al Cliente bajo el argumento de una supuesta negligencia grave.
Esta información ha sido elaborada por un equipo de profesionales de OCU que, en colaboración con otras organizaciones de consumidores miembros de Euroconsumers y una red de laboratorios certificados, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan más de 160.000 socios activos y 1.590.000 simpatizantes.
