El 23% de los pisos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que están cedidos a la Generalitat están desocupados u ocupados ilegalmente. El Govern gestiona actualmente 895 viviendas procedentes de la Sareb, de las cuales 75 se encuentran desocupadas y 131 ocupadas ilegalmente, lo cual suma un total de 206 viviendas destinadas al alquiler social y la emergencia residencial que no están disponibles, según datos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) a los cuales ha tenido acceso Efe.

Las viviendas desocupadas se encuentran vacías porque requieren obras y reformas para ser habitables, o bien acaban de ser liberadas por el inquilino anterior, mientras que en las ocupadas ilegalmente viven personas que no tienen el derecho reconocido a habitarlas. La mayoría de estas viviendas no disponibles se encuentran en la provincia de Barcelona (132) y el resto en las de Girona (50), Tarragona (21) y Lleida (3), mientras que la ciudad con un número más elevado es Salt (27), seguida de Mataró y Rubí (15).

El resto de viviendas de la Sareb que gestiona la Generalitat son 689, de las cuales 600 cuentan con un contrato firmado, y por lo tanto están habitadas por inquilinos con derecho a ello, y 89 están pendientes de firmar, es decir, ya están asignadas pero no habitadas todavía. 

Todos ellos están cedidos a la Generalitat en el marco de un convenio firmado con el llamado 'banco malo' que caduca el 31 de diciembre de este año, que clasifica todas las viviendas en estos cuatro estados: con contrato firmado, pendiente de firmar contrato, desocupado u ocupado ilegalmente. La administración catalana se encuentra actualmente a la espera de recibir los criterios y las previsiones de la Entidad Estatal de Vivienda, originaria de SEPES, para poder firmar los nuevos contratos.

Nuevo protocolo firmado con la Generalitat

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, firmaron el 17 de octubre un nuevo protocolo de colaboración para la gestión de las viviendas y suelos de la Entidad Estatal de Vivienda en Cataluña procedentes de la Sareb.

El protocolo permitirá a la Generalitat la gestión del usufructo de 13.000 viviendas y más de 300 suelos procedentes de la Entidad Estatal de Vivienda, que conservará la titularidad de los inmuebles, los cuales serán de protección oficial permanente y el régimen será de alquiler asequible. Fuentes del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explican a Efe que este nuevo convenio se está terminando de negociar.

La Sareb fue una sociedad que se constituyó en 2012 para asumir los activos tóxicos de la banca española, en el marco del rescate financiero acordado entre la Comisión Europea (CE) y España, y llegó a comprar casi 200.000 activos por 50.781 millones de euros. La compañía nació inicialmente con una mayoría de capital privado y desde 2022 más del 50 % de su capital pertenece al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).

El plazo para deshacerse de los activos termina en 2027

El Consejo de Ministros aprobó en enero de 2022 que el FROB pudiera tener una participación superior al 50 % de la Sareb, el primer paso para tomar el control de la compañía creada en 2012 y que tiene hasta el año que viene para deshacerse de todos los activos adquiridos. La decisión del Ejecutivo llegó después de que Eurostat, la oficina estadística europea, decidiera incorporar la Sareb dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda en 2020 y más de 10.000 millones de déficit.