La oferta de viviendas en régimen de alquiler en Barcelona ha sufrido una reducción del 90% en los últimos cinco años, según se desprende del informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista. Esta cifra sitúa la capital catalana como la ciudad del Estado que ha experimentado una de las caídas más pronunciadas en la disponibilidad de viviendas para arrendar, un fenómeno que se extiende a la mayoría de grandes núcleos urbanos y que ha transformado radicalmente el acceso a la vivienda en las principales áreas metropolitanas. Detrás de Barcelona, las caídas más significativas se registran en Granada, con un descenso del 76%; Palma, con un 75%; Madrid, donde la oferta se ha reducido un 73%; San Sebastián, con un 72%; Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, con un 72% ambas; y Bilbao, con un 70%.
También con descensos superiores al 50% figuran ciudades como Málaga y Girona, con una caída del 69%; Oviedo, con un 66%; Cádiz y Valencia, con un 65% ambas; Tarragona, con un 59%; Salamanca, con un 58%; Alicante, con un 54%; Córdoba, con un 53%; y Santander, con un 51%. Los datos ponen de manifiesto un patrón común en el que las grandes ciudades y los principales centros turísticos y económicos han registrado las contracciones más acentuadas de la oferta. En el lado contrario, solo siete capitales españolas cuentan actualmente con más oferta disponible que a finales de 2020. Se trata de Cuenca, con un incremento del 113%; Ceuta, con un 67%; Lugo, con un 35%; Segovia, con un 23%; Cáceres, con un 18%; Badajoz, con un 8%; y Jaén, con un 5%. Estas ciudades, la mayoría de reducida dimensión y alejadas de los grandes ejes de presión demográfica, han mantenido una dinámica diferente a la de las capitales que concentran una demanda más elevada.
La competencia entre familias se multiplica en un entorno de escasez
La pronunciada reducción de la oferta ha comportado un aumento sustancial de la competencia entre las familias para acceder a cada una de las pocas viviendas que salen al mercado. El incremento más elevado se ha dado en Lleida, donde la competencia se ha multiplicado por once, lo que representa un crecimiento del 1.050%. A continuación se sitúan Palma, con un 1.041%; Burgos, con un 976%; Barcelona y Granada, con un 917% ambas; Bilbao, con un 864%; y Salamanca, con un 839%. En Madrid, el crecimiento de la competencia ha sido del 558% en este período. Estas cifras reflejan un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años: ante la escasez de viviendas disponibles, los demandantes han tenido que competir en un mercado cada vez más tensionado, con procesos de selección que a menudo incluyen la presentación de múltiples garantías y la inmediatez en la formalización de los contratos.
Los portales inmobiliarios han constatado cómo el tiempo medio de publicación de los anuncios se ha reducido drásticamente en estas ciudades. Ninguna capital estatal ha registrado una reducción del volumen de demandantes por cada vivienda disponible. Los incrementos menos pronunciados se han dado en Ceuta, con un 134%; Cuenca, con un 141%; Pontevedra, con un 178%; Lugo, con un 203%; y Badajoz, con un 210%. Incluso en estos casos, sin embargo, la competencia ha crecido de manera significativa, evidenciando que la tensión en el mercado del alquiler es un fenómeno extendido por todo el país, aunque con diferentes intensidades. El incremento de la demanda y la contracción de la oferta han impulsado una subida generalizada de los precios en todos los mercados analizados. Las familias que salgan ahora al mercado en busca de una vivienda de alquiler se encontrarán con precios mucho más elevados que hace cinco años, especialmente en determinadas capitales. Valencia encabeza las subidas, con un encarecimiento del 82% en los últimos cinco años. Le siguen Alicante, con un 73%; Segovia, con un 71%; y Barcelona y Palma, con un 63% ambas. También destacan los incrementos de Málaga, con un 62%; Santa Cruz de Tenerife, con un 58%; Guadalajara, con un 57%; Madrid, con un 54%; y Ávila, con un 51%.
Un mercado tensionado que marca la agenda política y social
Estas cifras suponen un encarecimiento acumulado que, en muchos casos, ha superado ampliamente la evolución de los salarios en el mismo período, lo cual ha agravado las dificultades de acceso a la vivienda para una parte importante de la población, especialmente para jóvenes y colectivos con ingresos más ajustados. El informe de Idealista pone de manifiesto que el aumento de los precios ha sido especialmente intenso en aquellas ciudades donde la reducción de la oferta ha sido más acusada y donde la presión turística y la demanda externa han jugado un papel significativo. En el extremo opuesto, las subidas más contenidas en este período se han registrado en Bilbao, San Sebastián y Melilla, con un incremento compartido del 22%. Les siguen Huesca, con un 23%; Vitoria, con un 24%; Córdoba, con un 25%; y Pamplona, con un 26%. Estas ciudades, a pesar de haber experimentado también reducciones de oferta y aumentos de la competencia, han mantenido una evolución de precios más moderada, posiblemente influida por factores como la estructura del mercado inmobiliario local, la existencia de políticas de vivienda o la menor incidencia de la inversión turística en el parque de alquiler.
Los datos del informe reflejan una transformación profunda del mercado del alquiler en España en el último lustro. La combinación de caída de la oferta, incremento de la competencia y subida generalizada de los precios ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas sociales y económicos del país, con especial incidencia en las grandes ciudades y los ámbitos metropolitanos. El fenómeno no es exclusivo de las capitales con mayor presión demográfica. Incluso en ciudades de tamaño medio, la reducción de la oferta y el aumento de la competencia han alterado las condiciones de acceso al alquiler, con incrementos de precios que en muchos casos superan el 50% en cinco años. Esta evolución ha llevado a los diferentes gobiernos autonómicos y locales a desplegar medidas de regulación del mercado del alquiler, que conviven con la expectativa de nuevas políticas estatales para incentivar la oferta de vivienda asequible.