Hasta 3.899 millones debe la banca a los hipotecados catalanes por cláusulas abusivas, según los datos recopilados por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). La asociación denunció recientemente que las entidades financieras deben 23.500 millones de euros (24.600 con los datos actualizados) por cláusulas suelo y gastos hipotecarios a afectados de todo el país. Una situación para la que han pedido la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

De este modo, en Cataluña hay un total de 1.124.478 afectados por la aplicación de la cláusula de gastos hipotecarios, que desde la asociación cifran en 1.118.855 euros a deber, mientras que 609.1920 son las personas afectadas por las cláusulas suelo, que cifran en hasta 2.780.539 de euros. Se trata de la segunda comunidad autónoma con mayor número de hipotecados afectados por las cláusulas abusivas y donde la banca debe más dinero por esta situación.

El desglose por provincias refleja que Barcelona es el territorio de Catalunya con mayor número de afectados por las cláusulas suelo, con más de 400.000 hipotecados a los que la banca debe más de 1.800 millones de euros. Por detrás se encuentran Girona, con 84.700 afectados y cerca de 387.000 euros adeudados, Tarragona, con más de 80.000 hipotecados a los que la banca les debe más de 365.000 euros y Lleida, con 38.000 afectados y más de 174.000 euros pendientes de cobro. 

Andalucía, Catalunya, Madrid y Comunidad Valenciana, las más afectadas

Si bien Catalunya es una de las comunidades que registra un mayor número de hipotecados afectados por esta situación y una deuda mayor en este aspecto, no es la primera de la lista. Esa posición la ocupa Andalucía, donde la banca debe 4.700 millones de euros a más de 2 millones de hipotecados, según las cifras que maneja Adicae. En este caso, destaca la provincia de Málaga como la provincia donde más personas afectadas hay, con 162.819 afectados por las cláusulas suelo y Sevilla, con 159.483 hipotecados.

Por detrás de ambas autonomías se encuentran la Comunidad de Madrid, donde las entidades financieras adeudan más de 3.000 millones de euros a cerca de 1,5 millones de personas, y la Comunidad Valenciana, con 1,4 millones de afectados a los que la banca todavía debe más de 3.200 millones de euros por estas cláusulas abusivas. Son territorios con grandes núcleos urbanos, donde reside mucha gente, cercanos a la playa, y donde hay mucha a actividad relacionada con la construcción y la compraventa de viviendas.

"Son zonas donde hay una densidad de población grande y donde se genera un gran volumen de creación de vivienda y de venta de vivienda. En el caso de Andalucía, es Málaga donde más afectados hay, no porque haya mayor número de habitantes, sino porque hay mucha especulación inmobiliaria. Se construye mucha vivienda, está cerca de la playa, hay mucho turismo. Al haber tanta especulación es vende mucha vivienda y, por lo tanto se crean más hipotecas para acceder a estas viviendas", explican fuentes de la asociación a ON ECONOMIA.

Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha completan la lista de comunidades donde la cantidad adeudada es superior a los 1.000 millones de euros. Por detrás, otras comunidades como Región de Murcia, País Vasco y Galicia cuentan también con cifras muy elevadas de afectados y deudas por parte de la banca que se acercan a los 1.000 millones de euros.

Piden la intervención de la CNMC

Adicae ha pedido recientemente la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para poner coto a lo que consideran una "actuación oligopolística de la banca", que impone diferenciales en las hipotecas a interés variable y fijan un precio abusivo en las de interés fijo.  

Según denuncian los miembros de la plataforma, el consumidor tiene poca libertad de elección porque todas las ofertas son iguales. Así, consideran que hay una distorsión de precios en el mercado que perjudica a la elección del usuario, haciendo que el mercado sea un oligopolio y que no existan precios razonables para los consumidores.

En este sentido, desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros están ultimando la denuncia que presentarán ante el organismo de competencia. Además, la plataforma también tiene intención de presentar otros escritos que llevará ante el Congreso de los Diputados, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los Ministerios de Economía y Justicia, entre otras instituciones.

En línea con las reivindicaciones para poder hacer frente a la situación de los hipotecados que defienden, la plataforma también ha pedido al Tribunal Supremo que agilice los trámites para dar una respuesta a la denominada "macrodemanda de cláusulas suelo" que interpuso Adicae. Un proceso que engloba la reclamación de unas 15.000 familias hipotecadas, que ganó en primera instancia y en la Audiencia Provincial.