Los autónomos han pedido al Gobierno español bonificaciones en combustibles y electricidad, además de medidas fiscales extraordinarias, para evitar el cierre de negocios y la destrucción de empleo en el colectivo como consecuencia de la crisis geopolítica actual en Oriente Medio.

Las asociaciones de autónomos se han reunido en la tarde de este jueves con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar las medidas necesarias a desplegar ante la subida de los precios energéticos y la incertidumbre en el tráfico marítimo.

UPTA ha presentado a la ministra un documento llamado "Escudo Autónomos" y que está diseñado "para paliar de forma rápida, eficaz y ágil las repercusiones que la guerra de Irán puede provocar en miles de pequeños negocios y profesionales por cuenta propia en nuestro país".

Así, piden la aplicación de tipos reducidos o superreducidos de IVA para la electricidad y el gas para uso profesional, los combustibles profesionales, los suministros esenciales acreditados por actividad, los fertilizantes, los piensos hidrogenados y la energía y gasóleo agrícola.

El aplazamiento automático y sin intereses de IVA, IRPF y cotizaciones sociales para autónomos con caídas demostradas de facturación e ingresos netos por debajo de 40.000 euros; la reducción temporal de la cuota de autónomos para sectores más afectados; el refuerzo de seguros agrarios; y reducción de peajes y tasas son otras de las medidas planteadas.

También la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha pedido medidas fiscales extraordinarias para los profesionales con menores niveles de ingresos, pero "siempre condicionadas a criterios de renta y tamaño de actividad".

Otras de sus propuestas son un mecanismo de devolución acelerada del IVA, una deducción extraordinaria en el IRPF destinada a compensar el aumento de los costes energéticos y logísticos y el aplazamiento automático y sin intereses de obligaciones fiscales y cotizaciones sociales para los autónomos con caídas demostradas de facturación o rendimientos bajos.

El plan incorpora también medidas estructurales orientadas a reducir la dependencia energética del tejido productivo, recuperar instrumentos de control del mercado energético y reforzar los mecanismos de supervisión para evitar prácticas especulativas por parte de grandes compañías energéticas y petroleras.