Los expertos en auditoría del sector público son partidarios de llevar la revisión de las cuentas públicas a un segundo nivel para afianzar una supervisión que aporte más eficiencia y transparencia a las administraciones. Es por ello que reclaman dar un paso más allá para evaluar no solo en qué se ha gastado el dinero la administración -sea central, autonómica o local-, sino también auditar si los gastos han conseguido el impacto social de los objetivos públicos para los cuales fueron destinados.
"Es necesario adoptar un enfoque de auditoría continua que permita un seguimiento dinámico de la ejecución presupuestaria, garantizando la transparencia y mejorando la toma de decisiones informadas en tiempo real”, explica Pere Ruiz, experto en auditoría del sector público y miembro del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC). La demanda se ha puesto de manifiesto esta semana en la jornada Evaluación continuada, el nuevo reto del control del sector público, que ha tenido lugar en Barcelona. Lo que cuenta es que los recursos se utilicen de manera óptima para el beneficio de la ciudadanía.
En la misma sesión de debate, Mireia Borrell, directora en Ivàlua (Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques), señaló que la evaluación debe estar en todo el ciclo de una política pública y, en este sentido, es fundamental asesorar en el diseño de la política para que responda óptimamente a su objetivo y evaluar su diseño, la implementación, el impacto y la eficiencia de la política pública. En definitiva, evaluar para mejorar la gestión pública.
Un cambio de visión y de cultura
Para conseguir estos objetivos, los expertos en auditoría recomiendan que las administraciones incorporen las herramientas tecnológicas pertinentes y también abogan por un cambio cultural hacia la evaluación de los resultados. De hecho, actualmente, las administraciones solo rinden cuentas del grado de ejecución presupuestaria que realizan y muy pocas veces repasan cuál ha sido el resultado de las medidas o actuaciones que han llevado a cabo y en las que han invertido buena parte de los recursos presupuestarios.
En el mismo sentido, el actual director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Josep Tomàs Salàs, manifiesta la necesidad de ampliar el alcance de la evaluación continuada más allá de los ámbitos tradicionales del control, incorporando los instrumentos clave de la política de integridad. Salàs ha remarcado que la evaluación debe permitir verificar la efectividad real de elementos como los códigos éticos, los sistemas internos de información, la gestión de los conflictos de interés o la elaboración de mapas de riesgo, y ha subrayado que estos mecanismos deben entenderse como parte de una cultura organizativa orientada a favorecer la integridad.
"La evaluación continuada no es solo una cuestión de procedimientos, sino sobre todo un cambio cultural. No es una tarea exclusiva de los órganos de control, sino que requiere la implicación activa de las propias administraciones", ha afirmado Salas.
El director de Antifraude también ha advertido que esta transformación responde a una exigencia social creciente, y que las instituciones públicas deben asumirla como un elemento estructural de su actuación. "La demanda social de transparencia, de lucha contra la corrupción y de mejora del control del servicio público es un imponderable que debemos asumir", ha concluido.