Durante la última década, las administraciones públicas catalanas han adjudicado contratos vinculados a la vivienda por valor de 377 millones de euros. Los datos del ranking global de organismos contratantes muestran una realidad muy concentrada: una decena de entidades se llevan la gran mayoría de los recursos, mientras que el resto de la lista, formada por ayuntamientos, consejos comarcales y empresas municipales, se reparte importes mucho más modestos. El liderazgo es indiscutible. El Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS), entidad del Ajuntament de Barcelona, encabeza la clasificación con 104 millones de euros. La cifra es relevante porque casi tres cuartas partes de este importe se concentran en el último período analizado, el 2025-2026, cuando el organismo adjudicó 77 millones.

El segundo lugar es para el Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, con 85 millones de euros. A diferencia del IMSS, su gasto es más regular a lo largo del tiempo, con picos destacados en el 2021-2022 (23,4 millones) y el 2024-2025 (29,8 millones). El organismo del Àrea Metropolitana de Barcelona es una pieza clave en la promoción de suelo y la gestión patrimonial alrededor de Barcelona. El tercer lugar corresponde a la Agència de l’Habitatge de Catalunya, con 70 millones de euros.


El cuarto lugar es para el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, con 32 millones de euros, que también muestra una aceleración muy marcada en los dos últimos tramos: 13,2 millones en el 2024-2025 y 17,0 millones en el 2025-2026. Su función de coordinación y financiación de vivienda protegida en la zona metropolitana lo convierte en un actor clave.

El efecto de las empresas municipales y los pequeños ayuntamientos

El quinto lugar lo ocupa Prat Espais, con 11,5 millones de euros, una empresa municipal de El Prat de Llobregat que ha concentrado casi toda su actividad en el último período: 10,7 millones en 2025-2026. El sexto es el Ajuntament de Barcelona, con 11,3 millones de euros. Esto indica que buena parte del gasto municipal en vivienda se canaliza a través de organismos municipales. El séptimo lugar es para el Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, con 6,7 millones, que destaca especialmente en 2022-2023 (3 millones) y en 2024-2025 (3,1 millones).

El octavo es la Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges, con 4,6 millones, casi todos ellos concentrados en 2023-2024. Una de las sorpresas del ranking es el noveno lugar: el Consorci d’Educació de Barcelona, con 4,2 millones de euros, todos ellos adjudicados en 2025-2026. Aunque su ámbito es educativo, la vinculación con equipamientos puede explicar este gasto. El décimo lugar es para la Diputació de Barcelona, con 4 millones, una cifra modesta si se tiene en cuenta su papel de apoyo a los municipios.

A partir de la undécima posición, el ranking entra en otra dimensión. El Institut Català del Sòl suma 3 millones; el Ajuntament de Palafolls, 2,5 millones; y la Vila Universitària SL (Universitat Autònoma de Barcelona), 2,4 millones de euros. La lista continúa con ayuntamientos como Terrassa (1,65 millones), Badalona (1,6 millones), Mataró (1,1 millones) o Vilafranca del Penedès (935.368 euros). A medida que se avanza en las posiciones, los importes se reducen drásticamente: a partir del lugar 100, la mayoría de entidades no llegan a los 100.000 euros, y a partir del lugar 200, las cifras se sitúan por debajo de los 20.000 euros. Esta cola larga incluye cientos de ayuntamientos pequeños, consejos comarcales, consorcios, universidades y empresas públicas. Algunos ejemplos son el Ajuntament de Sant Martí de Tous (89.279 euros) o Blanes (81.401 euros).