La Autoritat Catalana de la Competència ha emitido un contundente informe sobre la proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que actualmente tramita el Parlament. En el documento de valoración, el organismo independiente advierte de que el texto supone una "expulsión efectiva" de los vehículos de transporte con conductor, que funcionan en paralelo al servicio de taxi. Según ha detallado la ACCO en un comunicado, esta afectación será "especialmente grave" en el ámbito del área metropolitana de Barcelona, donde prevé que la medida comportará una reducción directa e inmediata de la oferta global de servicios en detrimento de los usuarios. El organismo alerta de que la disminución de la oferta podría traducirse en tiempos de espera más largos, precios más altos y una menor cobertura territorial del servicio.

El informe cuestiona diversos aspectos centrales de la iniciativa legislativa. Por un lado, la ACCO censura que la proposición de ley "condicione" la entrada de nuevos operadores al hecho de que previamente se demuestre que existe una oferta insuficiente de transportes, al mismo tiempo que prioriza el servicio del taxi. Este mecanismo, según el organismo, cierra de facto la posibilidad de que nuevos operadores puedan acceder al mercado aunque cumplan todos los requisitos técnicos y administrativos. Por otro lado, la autoridad critica que el texto "ordene jerárquicamente" la prestación de servicios de transporte en favor de los taxis que actualmente están presentes en el mercado, en detrimento de otros operadores como los VTC. Esta jerarquización, según la ACCO, vulnera los principios de libre competencia, otorgando un trato preferencial a un operador histórico sin que concurran razones objetivas de suficiente peso. El organismo advierte de que esta preferencia no se limita a cuestiones accesorias, sino que afecta al núcleo de la actividad, como la prestación de servicios programados o la recogida de pasajeros en determinados espacios.

Restricción a las plataformas digitales

Otro punto de abierto cuestionamiento es la regulación de la actividad de intermediación entre operadores y usuarios. La ACCO considera que el texto restringe "injustificadamente" la actividad de plataformas y otros operadores digitales, un hecho que, a juicio de la autoridad, es contrario a la normativa de la Unión Europea aplicable a los servicios de la sociedad de la información. Esta crítica conecta con la expansión de las aplicaciones móviles de contratación de transportes, que han transformado el sector en los últimos años y que ahora verían limitada su capacidad de operar en Catalunya. El organismo argumenta que las restricciones a la intermediación digital no solo afectan a las grandes plataformas internacionales, sino también a los pequeños agregadores tecnológicos locales que podrían surgir en el futuro. La ACCO considera que cualquier limitación de este tipo debería superar un escrutinio riguroso de necesidad y proporcionalidad que, a su juicio, la proposición de ley no supera.

El informe también se ocupa del régimen de vigencia y transmisibilidad de las licencias de taxi. La ACCO critica que la proposición de ley mantenga el régimen actual para las licencias ya otorgadas, mientras que las nuevas licencias que eventualmente se otorguen sí tendrían limitada su transmisión. El organismo considera que este tratamiento diferenciado no está suficientemente justificado y que puede crear un mercado de licencias a dos velocidades, con derechos diferentes para operadores que ejecutan la misma actividad. Según la ACCO, esta dualidad de regímenes puede generar inseguridad jurídica y distorsionar las decisiones de inversión en el sector. El organismo recomienda que, si se quiere modificar el régimen de transmisibilidad, se aplique a todas las licencias, sean actuales o futuras, o que se expliquen con claridad las razones de interés general que justifican el trato desigual.

Un marco "altamente restrictivo"

En su conjunto, la Autoritat Catalana de la Competència califica el marco regulador del texto como "altamente restrictivo" de la competencia y contrario a los principios de la "buena regulación económica y a la libertad de establecimiento", así como a la "libre prestación de servicios" en el ámbito del derecho de la Unión Europea. El organismo subraya que su función no es defender los intereses de un sector u otro, sino garantizar que las normas no impidan sin justificación la entrada de nuevos operadores ni distorsionen el funcionamiento del mercado. La ACCO advierte que las restricciones a la competencia solo son admisibles cuando responden a razones imperiosas de interés general, como la seguridad vial, la protección del medio ambiente o la ordenación del espacio público. En el caso examinado, el organismo considera que el texto no acredita lo suficiente que las medidas propuestas sean necesarias y proporcionadas para alcanzar estos objetivos.

Por todo ello, la ACCO recomienda realizar una "revisión profunda" de la proposición de ley que propicie un entorno de mercado donde puedan coexistir los servicios de taxi y de VTC en igualdad de condiciones, con derechos y obligaciones equivalentes. El organismo matiza que la futura ley debe perseguir el beneficio de los usuarios y de la ciudadanía en general, y debe tener en cuenta las afectaciones en materia de congestión del espacio público y contaminación. El informe sugiere que, en lugar de expulsar los VTC o jerarquizar los servicios, el legislador debería centrarse en establecer normas comunes de calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental que se apliquen por igual a todos los operadores. De esta manera, según la ACCO, se garantizaría la libre competencia sin renunciar a la protección de los intereses generales.

La ACCO recuerda que es un organismo independiente de la Generalitat con la función de garantizar, mejorar y promover las condiciones de libre competencia y transparencia en los mercados. Sus informes y dictámenes, aunque no son vinculantes, tienen un peso significativo en los procesos legislativos y en la toma de decisiones de las administraciones públicas catalanas. La proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas continúa su tramitación en el Parlament. Está por ver si los grupos parlamentarios tendrán en cuenta las recomendaciones de la ACCO o si, por el contrario, mantendrán el texto en los términos actuales, con el riesgo de encarar recursos judiciales por vulneración de la normativa de competencia.