Esta semana hemos visto cómo la fiscalía afirmaba que Juan Carlos de Borbón habría cometido una serie de delitos, motivo por el cual solicita información a la justicia suiza. Unas afirmaciones que han sentado muy mal en la familia real, y han motivado un comunicado oficial del abogado del emérito, señalando al ministerio fiscal de haber vulnerado derechos fundamentales del Borbón. Concretamente, su presunción de inocencia.
De vulneración de derechos también ha hablado la fiscalía esta semana, cuando en la causa Volkhov se ha dado traslado a la Audiencia Nacional para que continúe con la investigación del asunto que tiene que ver con Tsunami Democràtic. Considera el Fiscal no haber pruebas que motiven la investigación de las personas señaladas en el informe, y tampoco entiende por qué la Audiencia Nacional ha admitido la inhibición del juez que estaba investigando el asunto en Cataluña.
Vemos, de fondo, cómo los pilares del Estado no están claros: el imperio de la ley depende, para poder configurarse de manera adecuada a nuestro contexto, de la mano de otros dos pilares: el democrático y el social. De lo contrario, estaremos cayendo en una interpretación peligrosa de la norma.
La ley ha de estar para garantizar, precisamente, los principios democráticos y el Estado social, algo que, dicho sea también, está quedando desprotegido a la vista de la actitud de las empresas eléctricas y de la inacción por parte del Gobierno, que no debería olvidar los tres pilares señalados.