El plan está ahí: el Govern de la Generalitat ultima el decreto que permitirá aprobar el Plan de Calidad del Aire, en el que se definen cómo serán las Zonas de Bajas Emisiones que se deben activar en los 67 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes. En su última versión, las restricciones son mayores que las que operan en las ZBE que ya existen y contemplan también limitaciones para todos los vehículos con etiqueta B (Amarilla), que no son otros que los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados entre 2001 y 2005 y los diesel matriculados entre 2006 y 2013.
En ciudades como Lleida, esta medida puede afectar a más del 60% de los coches que hoy circulan por la ciudad. En toda la provincia de Barcelona, los coches con etiqueta B representan nada menos que un 32% del total y la Generalitat plantea (veremos qué hacen finalmente) empezar a limitar la circulación de los coches diesel con distintivo B en 2026 y las de los de gasolina, en 2028. Con todo, ya hay quien tiene ideas para que, quien menos renta tiene y más problemas puede experimentar para adquirir un coche eléctrico, resulte lo menos perjudicado posible. Un ejemplo se plantea en Rubí, donde el grupo municipal del PP (en la oposición) propone cambios en el impuesto de circulación para los propietarios de coches que no puedan circular por las ZBE. Diferentes alcaldes del Área Metropolitana, en paralelo, han pedido que se retire el planteamiento que maneja la Generalitat.
Menos derechos, menos obligaciones
El planteamiento que formula Juan José Giner, el portavoz popular en el municipio vallesano, es sencillo: si el derecho a circular que se deriva del pago del Impuesto de Circulación se limita, el Impuesto deberá reducirse de manera equivalente. Es una de las alegaciones que, para la normativa de las ZBE que se quiere activar en Rubí, ha presentado su grupo: con las nuevas normativas, el derecho de los propietarios de coches más antiguos a circular por toda la ciudad desaparecerá y habrá zonas a las que no puedan acceder. Lo justo, por tanto, es que paguen menos. En total, las alegaciones que han presentado son siete y las otras plantean crear más aparcamientos perimetrales, ampliar horarios y frecuencias de autobuses, aplazar la activación de la ZBE a 2030, dejar a los vehículos de pymes y autónomos libres de sanciones por esta cuestión y permitir a los vehículos de servicio público acceder libremente a la ZBE prevista.
Medidas contundentes
Sin embargo, de las siete propuestas las dos más contundentes son la relativa al impuesto de circulación y otra que plantea, directamente, anular la ZBE si se demuestra que aplicarla “ocasiona un grave perjuicio económico para el tejido económico empresarial y social de la ciudad”. ¿Se aceptarán sus planteamientos? De entrada, son lógicos: a menos derechos, menos obligaciones. La última palabra la tiene el equipo de gobierno de Rubí, presidido por la alcaldesa Ana María Martínez.