El auge de la inteligencia artificial y su insaciable demanda eléctrica han empujado a las grandes tecnológicas a explorar soluciones fuera de la Tierra, aunque no todas las voces dentro del propio sector comparten ese entusiasmo. Amanda Peterson Corio, directora global de energía de Google, ha lanzado una severa advertencia al señalar que el despliegue de centros de datos espaciales podría resultar hasta cien veces más costoso que las infraestructuras terrestres tradicionales.
Durante una cumbre especializada organizada por The Information, la directiva abogó por agotar todas las alternativas energéticas en nuestro planeta antes de plantear la viabilidad de la computación en órbita. Sus declaraciones contrastan de forma directa con los ensayos impulsados recientemente por su propia compañía. A principios de mes, Google puso en marcha el prototipo del Proyecto Suncatcher en colaboración con la operadora de satélites Planet, una misión lanzada a bordo del cohete Transporter-18 de SpaceX para evaluar el procesamiento de datos desde el espacio.
Límites físicos, desfase financiero y basura espacial
En el marco de estas pruebas, la firma californiana logró un hito simbólico al ejecutar el modelo de inteligencia artificial Gemma 4 mediante una unidad de procesamiento tensorial (TPU) instalada en el satélite, generando y transmitiendo un poema corto hacia la nube mientras sobrevolaba Noruega. Sin embargo, las leyes físicas imponen severas restricciones operativas: aunque la nave transporta cuatro TPU, apenas genera un kilovatio de energía solar, lo que solo permite alimentar un único chip durante breves ventanas de veinte minutos. En comparación, un campus terrestre dedicado a la inteligencia artificial con una capacidad de un gigavatio requiere cerca de un millón de veces más potencia.
Desde la perspectiva económica, los analistas de Wall Street advierten de que levantar capacidad de procesamiento en órbita podría disparar la inversión hasta los cinco billones de dólares por gigavatio. Frente a los centros de datos convencionales, que amortizan su capital con rapidez, la infraestructura espacial arroja plazos de retorno de la inversión que oscilarían entre una década y casi un siglo. A este abismo presupuestario se suman complejos obstáculos logísticos y normativos.
La consolidación de estos sistemas exigirá superar estrictos procesos de autorización gubernamental, mitigar posibles interferencias en el espectro radioeléctrico y gestionar de manera responsable el creciente problema de la basura espacial en la órbita terrestre baja. Las declaraciones de Peterson Corio devuelven el debate energético al terreno práctico, evidenciando que, pese a los avances técnicos en computación orbital, la viabilidad económica y operativa de la inteligencia artificial sigue dependiendo de la capacidad de generación eléctrica en la Tierra.
