Los alumnos de Bizkaia que llevaron a los tribunales su nota de euskera en la PAU han conseguido que, de manera cautelar, esta calificación no cuente en el proceso de admisión universitaria. La decisión llega después de la polémica por la avalancha de ceros y notas muy bajas en el examen de Lengua Vasca y Literatura II, que afectó sobre todo a estudiantes de centros concertados del modelo A, donde la mayoría de las materias se imparten en castellano.
Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Bilbao han empezado este lunes a notificar de manera individual las resoluciones a los alumnos y a sus representantes legales. Según estas medidas cautelares, "las calificaciones del ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II" no se tienen que tener en cuenta o quedan en suspenso de forma provisional. Uno de los representantes del despacho de abogados que defiende a varias familias de Bizkaia ha asegurado que la decisión ya es firme con respecto a estas medidas provisionales: "Es definitivo".
La resolución también ordena comunicar la decisión a la Universidad del País Vasco, la UPV/EHU, para que estas notas no se incluyan temporalmente en el cálculo de la nota de acceso y de admisión. Esto afecta al procedimiento de preinscripción, la asignación de plazas y la matrícula, mientras no haya una resolución definitiva sobre el recurso principal. El mismo escrito judicial, sin embargo, advierte de los riesgos para los estudiantes afectados. En concreto, señala que, "en caso de dictarse sentencia desestimatoria en el pleito principal, podrá perder la plaza a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución de esta medida cautelar".
Una polémica que ha levantado mucha polvareda
El conflicto se abrió después de que decenas de familias denunciaran calificaciones que consideran desproporcionadas y difíciles de entender. La polémica se concentró especialmente en Bizkaia y en varios centros del modelo A, después de que se detectaran numerosos ceros en la prueba de euskera. En un primer momento, la universidad atribuyó algunos casos a un error informático relacionado con ocho alumnos que constaban como no presentados, pero la controversia fue más allá.
La demanda, presentada por el abogado Iñaki Picaza, sostiene que durante el proceso de corrección se vulneró la garantía de anonimato de los estudiantes y de los centros de procedencia. "El procedimiento es nulo porque se han saltado la garantía esencial de anonimato. No pedimos una nueva corrección, sino que esta nota no se tenga por puesta", declaró el letrado. Picaza también ha advertido de la presión del calendario universitario: "El tiempo juega en contra nuestra".
La universidad revisó más de 8.100 pruebas y, según explicó el rector, en el 80% de los casos la calificación casi no varió y se mantuvo próxima al cero, con incrementos que no superaban los dos puntos.