Cuando este miércoles se cumple una semana del asesinato de Núria, cocinera de la prisión de Mas d'Enric en manos de un interno, la crisis de las prisiones sigue manteniendo un pulso que enfrenta a los funcionarios con el Departament de Justícia, y que afecta al propio Govern, en funciones por el fracaso de los presupuestos. La crisis, sin embargo, también ha provocado que se estén vulnerando los derechos de los internos de las prisiones catalanas, según denuncian una quincena de entidades de derechos humanos, juristas y asociaciones de familiares de personas presas. Las entidades han firmado un comunicado que han enviado al Síndic de Greuges, el servicio de Inspecció del Departament de Justícia, la Fiscalía del TSJ y el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en el que denuncian que los bloqueos de las entradas y salidas de las prisiones, y la prohibición de salir de las celdas, suponen una vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Catalunya. Se da la circunstancia de que este lunes, un juzgado de Figueres también recibió una denuncia de un abogado por los delitos de vulneración de los derechos de los internos.
Las entidades firmantes
Hasta el momento, las entidades que han firmado el comunicado son: Universitat de Barcelona, IRÍDIA - Centre per a la Defensa dels Drets Humans, IACTA Socio Jurídica, Alerta Solidària, OBSERVA - Associació pel monitoratge del sistema penal, Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes, Associació de Famílies de Presos de Catalunya, Comissió de Defensa de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Associació Justícia i Pau de Catalunya, Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta (AFATRAC) y Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Cruzar el límite moral y legal
Estas entidades manifiestan su pésame a familiares y compañeros de trabajo de la trabajadora asesinada y su comprensión hacia la preocupación por sus condiciones de trabajo, pero aseguran que han asistido "con inquietud" a determinados "tipos de movilización del funcionariado penitenciario" delante de las instalaciones de acceso de varios centros. Las entidades firmantes consideran que "las protestas del funcionariado de prisiones no pueden cruzar el límite moral y legal de usar a las personas privadas de libertad como objeto de presión", ya que esta acción "interrumpió el normal funcionamiento del servicio penitenciario". Consideran que, tal como se reconoció oficialmente el pasado viernes de manera oficial, eso provocó "el confinamiento de unas 5.000 personas privadas de libertad, y al día siguiente, de unas 2.500 personas, y el lunes 18 de marzo, se reconoce oficialmente que más de 4.000 personas presas se encuentran 'de facto' en aislamiento penitenciario, a pesar de estar clasificadas en régimen ordinario".
Los derechos vulnerados
Además, las entidades advierten de que, además de privarse a las personas presas de salir de sus celdas, también se las está privando "de acudir a los servicios médicos y de enfermería, disfrutar de los permisos otorgados, recibir visitas (aseguran que muchas familias se han desplazado el fin de semana para ver a sus familiares y han tenido que volver en casa sin haber podido tener contacto con ellos), llevar a cabo las comunicaciones íntimas con sus parejas (vis-a-vis), recibir paquetes de ropa, recibir dinero y disponer de sus cuentas, asistir a juicios y otras diligencias oficiales, comunicarse con sus letrados y letradas —vulnerándose su derecho de defensa—, o acceder al Servicio de Orientación penitenciaria.