Cargando...

Después de años de retraso, parece que, al menos por escrito, la consellera de Interior, Núria Parlon, confirma que los Mossos d'Esquadra han iniciado los trámites para asumir las competencias que habían pactado con el Gobierno español en los puertos y en los aeropuertos. Lo ha dicho en una respuesta parlamentaria por escrito a Junts, en el Parlament de Catalunya, en la que asegura, la consellera socialista, que se han "iniciado los trámites" para incluir en el orden del día de la próxima Junta de Seguridad de Catalunya —que no se celebra desde 2024— los acuerdos que hagan posible, también con la transferencia de recursos y de presupuesto que sea necesaria, que la policía catalana asuma las competencias de control, con las atribuciones que le corresponden, también en los aeropuertos del país y en los puertos.

No se trata de nuevas competencias, se trata de asumir aquellas que ya son de los Mossos, pero en zonas donde ahora las asume, por ejemplo, la Guardia Civil o la policía española. Estos trámites que Parlon asegura haber iniciado con el Ministerio del Interior, sin embargo, llegan sobre la campana. Y si las encuestas de la mayoría de medios se confirman, el cambio de Gobierno español, con el PP y Vox en la Moncloa, seguro que volverá a dejar en un cajón esta reivindicación catalana. El PSC, desde que asumió el gobierno catalán, y por presión de Esquerra, tenía el encargo de sellar este pacto, sobre todo aprovechando la buena sintonía entre el ministro Marlaska y la consellera de Santa Coloma, ambos socialistas —y con un Gobierno del Estado que, además, ha reposado hasta los últimos días sobre pactos con los nacionalistas de Esquerra, Junts y el PNB. Pero no movieron ni un dedo. En la Junta de Seguridad de 2024 lo dejaron en un cajón y, aunque el president Illa, en el Parlament, por el enfado de Esquerra y Junts, aseguró que en enero de 2025 se haría una nueva Junta con el Ministerio, no se llegó a hacer nunca y el acuerdo, hoy por hoy, no está firmado y tiene mal pronóstico.

Fuentes del Ministerio del Interior español aseguraron que había sido la Generalitat, y la consellera Parlon, presionada por el director general de entonces, Josep Lluís Trapero, quien detuvo el acuerdo que ya estaba redactado y que el anterior equipo de Interior ya había pactado con el Ministerio. La previsión era llevar a la reunión bilateral entre ministerios, en el marco de la Junta de Seguridad, el acuerdo y rubricarlo, pero el adelanto electoral del president Aragonès, al no poder aprobar los presupuestos, hizo saltar el guion por los aires. Los republicanos dejaron el acuerdo pendiente de firmar, pero Parlon lo detuvo. No haber cerrado el acuerdo aprovechando la simultaneidad de gobiernos socialistas puede salir caro si, ahora, como todo parece indicar, el PSOE es desalojado del gobierno español. Por ahora, no hay ninguna fecha prevista para la celebración de esta Junta de Seguridad. La voluntad política, al menos ahora por escrito, en una respuesta parlamentaria, sin aclarar que se ha solicitado y por qué vía al ministerio, parece que ha cambiado, pero llega tarde si Marlaska no sigue como titular de la cartera del Interior.

Las competencias de los Mossos

En ningún caso la Generalitat asumirá el control de fronteras o la vigilancia de la aduana, que seguirán bajo el control de las dos policías estatales. La idea que desde hace tiempo defienden los Mossos es asumir la seguridad ciudadana, el orden público y la investigación, también en estos puntos. No se trata de competencias nuevas, sino de asumir las que les corresponden, como policía integral, también en estos espacios. Si se produce un robo, una agresión sexual o si hay que intervenir para restablecer el orden público en cualquier punto del país, también dentro del aeropuerto o en los puertos, es una anomalía, defienden los Mossos, que sea otro cuerpo policial quien actúe, haga las investigaciones o detenga a los criminales.

Así lo defendió, en su primera intervención en el Parlament, el director general de la Policía, Ferran López, que insistió en no hablar de "nuevas competencias", sino de asumir las que corresponden a los Mossos. Es un cambio en relación con las intenciones de Trapero, que se negó a aceptar la transferencia por, según argumentaba, falta de agentes. En la respuesta a Junts, la consellera también enmarca esta competencia en un plan "ambicioso", asegura, para conseguir reclutar más agentes de cara al 2030, llegando a los 25.000 policías en activo, con las nuevas incorporaciones y restando las jubilaciones, que los próximos años debilitarán el cuerpo.

El actual director conoce perfectamente Madrid. Los últimos años, López ha sido el enlace, por parte de los Mossos, con las cúpulas de la policía española y la Guardia Civil, del Ministerio y también con la judicatura y la fiscalía. Pero por eso mismo, López también sabe que tendrá complicado conseguir que un nuevo ministro del Interior, del PP o de Vox, haga realidad un acuerdo que los mismos socialistas no han querido hacer efectivo durante tres años, cuando lo tenían todo de cara y con los partidos nacionalistas catalanes apoyándolos en el Congreso. Para los cuerpos españoles, esta cesión, que no deja de ser normalizar una situación, —y que no rebaja las competencias exclusivas, como el control de personas en la frontera o la vigilancia aduanera—, se interpreta como una "cesión" a los nacionalistas y se han mostrado en contra desde el primer momento.