Once familias de Ferreries (Menorca) que tienen hijos que el próximo año harán 4.º de educación infantil (lo que antes se conocía como P3) todavía no saben a qué escuela podrán ir cuando empiece el curso el próximo 11 de septiembre. Aunque su intención era matricularles en la escuela pública del municipio, Castell de Santa Àgueda, la Conselleria de Educació de Menorca, con el PP al frente, ha rechazado abrir una segunda línea en esta escuela. Así, de las 31 familias que quisieron que sus hijos empezaran el I3 en la escuela pública del municipio, solo 20 lo podrán hacer y las 11 restantes se verán obligadas a matricular a sus hijos en la otra escuela del pueblo, Sant Francesc de Asís, concertada y religiosa o a apuntarlos a un centro fuera de su municipio. Las demandas de estas once familias pasan porque la Conselleria abra una segunda línea en el Castell de Santa Àgueda, como ya se ha hecho en años anteriores y como el mismo centro ha planteado, pero esta lo rechaza. Ante esta negativa, han iniciado una recogida de firmas para poder reunir apoyos.
Sin comedor ni transporte escolar
Más allá del hecho de que la otra opción en el municipio se trate de una escuela católica (religión con la cual no comulgan parte de las familias afectadas) también se trata de una escuela concertada y las familias reclaman el derecho de matricular a sus hijos a la escuela pública. Esta, además, cuenta con servicios que para los padres, tal como explican a ElNacional.cat, son esenciales, como el comedor escolar o el transporte para las familias que viven lejos del núcleo. En algunos casos, estos son imprescindibles para la conciliación de los padres. A través de las redes, canal por el cual se han movilizado, recuerdan que la Constitución recoge el derecho de las familias para escoger la escolarización de los niños, además de denegarles el acceso a una educación laica.
Decepción con la Conselleria de Educació de Menorca
Este viernes, 20 de junio, salen las listas definitivas, donde quedarán definidos los nombres y apellidos de los niños que podrán ir a la escuela en que han escogido a sus familias y aquellos que quedan fuera. Si finalmente se confirma, tal como parece que sucederá, que solo abrirá un aula para los niños de tres años, las familias tienen claro que seguirán luchando y que no se plantean ninguna opción que no sea que sus criaturas vayan a la escuela pública. Los afectados coinciden en apuntar su malestar con la Conselleria de Educación, con quien se han reunido, pero sin que estos encuentros hayan dado ningún resultado positivo para las familias.