Cada verano en Catalunya se registran varias muertes por ahogamiento, muchas de las cuales corresponden a niños o jóvenes que se bañaban en playas y ríos. Un estudio reciente impulsado por el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya y publicado en la Revista Española de Medicina Legal ha identificado un patrón: y es que una mayoría de las muertes, el 56,4%, son de menores de nacionalidad extranjera. La investigación identifica en esto un "posible reflejo" de desigualdades sociales, económicas, educativas y de acceso a los recursos de prevención.
El estudio, con participación de la Agència de Salut Pública, analiza las características de los ahogamientos mortales de los menores de edad registrados en Catalunya entre 2019 y 2023, que fueron un total de 39 —una media de ocho cada año—. La investigación se ha efectuado a partir de los registros de autopsias del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses. La mayoría de las víctimas eran niños (74,4%), con una edad media de 6,5 años.
Mientras que entre los menores de nacionalidad española predominan los ahogamientos en piscinas, entre los menores de otras nacionalidades son más frecuentes los casos producidos en playas, ríos u otras aguas en parajes naturales. Como recuerdan los investigadores, estos entornos naturales requieren más conocimiento del medio acuático, más supervisión de adultos y habilidades específicas de seguridad.
Los autores del estudio señalan que esta realidad no se debe interpretar en términos de origen o nacionalidad, sino como un posible reflejo de desigualdades sociales, económicas, educativas y de acceso a los recursos de prevención. Apuntan que algunos niños y adolescentes pueden encontrar barreras para acceder a programas de aprendizaje de la natación o a actividades acuáticas educativas, sea por factores económicos, culturales o por haber llegado al territorio en edades en que estas oportunidades son menos accesibles.
Sensibilización de las familias y acceso a actividades acuáticas seguras
Así, los autores del estudio defienden que la prevención de los ahogamientos debe combinar medidas ya contrastadas: la supervisión constante de los niños, la enseñanza de la natación, la mejora de la seguridad de las piscinas y la sensibilización de las familias. Además, subrayan la necesidad de reforzar iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a actividades acuáticas seguras y a programas de aprendizaje de la natación, especialmente entre los colectivos que pueden encontrar más obstáculos para participar en ellos.
Según lo que concluyen los autores, reducir los ahogamientos infantiles requiere una mejora de la actuación coordinada entre administraciones, sistema sanitario, centros educativos y entidades comunitarias, con una mirada que incorpore la prevención, la seguridad y la equidad social como elementos centrales. En este sentido, el estudio insta a los profesionales sanitarios, educativos y comunitarios a ejercer un papel relevante promoviendo hábitos seguros de baño e identificando situaciones de potencial vulnerabilidad sobre la cuestión que requieran un apoyo específico.