Saber cuáles son los riesgos reales que se derivan del polígono petroquímico de Tarragona y del paso de mercancías peligrosas y cómo se deben gestionar. Esto es lo que quieren conocer los alcaldes del entorno de la planta tarraconense, según han señalado en un manifiesto firmado este lunes en un encuentro en el castillo de Vila-seca. En la reunión han participado los alcaldes de Vila-seca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell y Vilallonga del Camp, además del primer teniente de alcaldía de Salou. Los alcaldes de Reus y Perafort también lo han suscrito.
Según el alcalde de Vila-seca y anfitrión del encuentro intermunicipal, Pere Segura, actualmente el embrollo de normativas hace que sean los ayuntamientos los primeros que acaban sufriendo las consecuencias. Por eso, ha expuesto que desde el Camp de Tarragona deben poder "identificar el riesgo, reducirlo en origen con toda la tecnología disponible, gestionar el riesgo residual y hacerlo compatible con la vida cotidiana y el desarrollo del territorio". Segura ha querido señalar situaciones, según él "anómalas", como las vías peligrosas que pasan por algunas infraestructuras: "En una vía de tren donde al lado hay escuelas, hospitales o viviendas, esto se admite; pero si al lado tienes un solar donde quieres hacer un edificio, esto está prohibido porque pones en riesgo a la gente; es una decisión que tiene un carácter discrecional", ha apuntado.
En concreto, en el manifiesto los alcaldes han reclamado cinco cuestiones, que en buena parte dependen de la Generalitat, y también han pedido una reunión para abordarlas: una estrategia territorial y una cartografía dinámica de los riesgos; priorizar inversiones y aplicar sistemáticamente la mejor tecnología disponible; una política específica para el transporte de mercancías peligrosas; actualizar el marco normativo catalán y establecer criterios homogéneos para gestionar el riesgo; y una gobernanza territorial estable con la participación efectiva de los municipios.
Además, los máximos representantes municipales han reclamado tener voz en el nuevo marco regulador catalán para establecimientos con riesgo de accidentes graves y su implantación urbanística. Los alcaldes han puesto el foco en la última revisión del Plaseqta y han lamentado que se hizo a sus espaldas. En el documento han apuntado que "la política de seguridad no puede consistir solo en determinar qué no se puede hacer; la pregunta previa debe ser qué podemos hacer sobre la fuente del riesgo para que este riesgo disminuya". Con todo, Segura ha querido dejar claro que el acuerdo de los alcaldes "no es un debate contra la industria, ni las infraestructuras ni un posicionamiento contra la seguridad", sino que esta seguridad debe ser "compatible con la vida, la cotidianidad de los vecinos, el desarrollo de los municipios y la continuidad de una actividad industrial que es estratégica".