Nuevo impulso a la investigación por presunto desvío de fondos del sindicato Jupol. La jueza Mònica Aguirre de la Costa ha concedido diez días a la entidad para que detalle en qué se gastaron 359.434 euros entre en enero del 2019 y en junio de 2021, según publica elDiario.es. La organización se encuentra imputada, igual que su líder entonces, José María García.

El detonante para este paso de la jueza Aguirre son las diligencias propuestas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que pone el foco en 66.480 euros retirados en metálico por parte de líderes del sindicato. Jupol llegó a tener 97 tarjetas de crédito a repartir entre sus representantes.

La investigación sobre el sindicato ha conocido las identidades de los 97 beneficiarios detrás de las tarjetas. Uno de los noventa de nombres es el de Aarón Rivero, entonces secretario de Organización, que posteriormente relevó a García. El relevo se hizo entre reproches, entre otros, por los gastos del entonces secretario general en actividades de leve con sus familiares a cargo de las cuentas del sindicato.

Cuentas pocos claros

Las indagaciones de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre la actividad financiera de Jupol los han llevado hasta el análisis de sus cuentas. Un informe sobre los mismos afirma: "Se tiene que hacer constar que en no pocas ocasiones, la información que figura en los diarios generales presentados por Jupol (libros diarios de contabilidad) llega a ser poco esclarecedora sobre el asiento contable que refleja, como por ejemplo cuando figura al concepto 'factura no legible' o el asiento de pagos en concepto de 'tickets efectivo perdidos' o incluso el nombre del acreedor que presta sus servicios incompletos".

Sobre los más de 66.000 euros que fueron retirados de cajeros automáticos, la investigación de Asuntos explica que las justificaciones siguen las mismas justificaciones ambiguas: "retirada efectivo Segovia", "retirada efectivo Anxo" o "retirada efectivo Cádiz". Así pues, los investigadores apuntan que se sigue desconociendo el destino final de estos reintegros en efectivo. Ahora, el nuevo impulso de la jueza Aguirre obligaría en Jupol a aportar "la documentación" acreditativa del destino de estas más de 350.000 euros gastados.

La financiación de la entidad se basa tanto en las cuotas de sus afiliados, como en los fondos públicos que recibe para su representación en el Consejo de la Policía. Durante el periodo en que se investiga la entidad, esta recibió 380.731,22 euros de dinero público, justamente por esta representación en el Consejo, de acuerdo con el Plan Especial de Subvenciones del Ministerio del Interior.