El Departamento de Interior estudia una nueva fórmula para intentar poner fin al colapso que sufre la Dirección General de Tráfico (DGT) en Catalunya y que afecta, entre otros servicios, a los exámenes prácticos para obtener el carné de conducir. La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha abierto la puerta este miércoles, 4 de noviembre, en el Parlament de Catalunya, a reclamar al Gobierno español que delegue en la Generalitat las competencias para organizar estas pruebas y que, además, se puedan aprovechar los agentes de los Mossos d'Esquadra que se encuentran en situación de segunda actividad para hacer de examinadores. La propuesta, planteada por Junts, busca desencallar una situación que se arrastra desde hace tiempo y que las medidas impulsadas hasta ahora no han conseguido resolver.
La consellera recogió el guante del portavoz adjunto de Junts, Josep Rius, que durante una pregunta parlamentaria propuso que el Gobierno español aprobara un decreto para permitir que la Generalitat asumiera la organización y la realización de los exámenes prácticos de conducir, una competencia que actualmente continúa en manos de la DGT. "Le cojo el guante, lo plantearemos", respondió Parlon. Rius defendió que, si se delega esta competencia y se habilitan funcionarios de la administración catalana para hacer de examinadores, se podría poner fin a las largas listas de espera. "¡Es muy sencillo!", aseguró el diputado de Junts.
Mossos en segunda actividad para hacer de examinadores
La novedad que puso sobre la mesa Parlon es la posibilidad de aprovechar los efectivos de los Mossos d'Esquadra que pasan a segunda actividad para asumir estas funciones. Se trata de agentes que, por razones de edad o por una disminución de sus capacidades, dejan de desarrollar las tareas policiales operativas habituales y pasan a ocupar otros puestos de trabajo, a menudo de carácter administrativo o de apoyo. La consellera considera que estos policías podrían hacer un "muy buen trabajo" como examinadores viales, una salida que permitiría aprovechar los recursos humanos del cuerpo para dar respuesta a un problema que afecta a miles de personas que esperan poder examinarse.
La propuesta permitiría dar una nueva función a los agentes que, después de años de servicio operativo en la calle, pasan a desarrollar otras tareas dentro de la organización policial. Con todo, no hay ningún acuerdo cerrado ni ningún traspaso de competencias aprobado. La posibilidad de que los Mossos en segunda actividad puedan examinar a los futuros conductores dependerá, primero, de que el Gobierno español habilite a la Generalitat para asumir estas pruebas y de que se concreten los mecanismos necesarios para hacerlo. Hay que no olvidar, a la vez, que el Estado está a las puertas de una convocatoria electoral que puede cambiar no solo al ministro del Interior, sino a todo el ejecutivo español, y que, por lo tanto, la sintonía que ahora pueda haber con Parlon podría cambiar diametralmente si PP y Vox, como prevén las encuestas, acaban llegando a la Moncloa.
Parlon admitió, durante su intervención en el Parlament, que las medidas impulsadas hasta ahora no han servido para resolver las dificultades para acceder a los exámenes de conducir. La consellera recordó que el Servei Català de Trànsit (SCT) ya había planteado diversas alternativas, entre ellas una encomienda de gestión a la administración catalana que finalmente no se llegó a materializar. "No le engañaré, no nos hemos acabado de salir, pero continuaremos picando piedra", ha reconocido la titular de Interior en el Parlament.
La DGT pierde funcionarios en Catalunya y agrava las listas de espera
La propuesta llega en un momento especialmente complicado para las jefaturas de la DGT en Catalunya. El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya denunció el pasado mes de septiembre una situación de "colapso anunciado" y alertó de que la administración estatal estaba perdiendo trabajadores "a marchas forzadas". Según los datos que hizo públicos el sindicato, el último concurso de provisión de puestos de trabajo de la Jefatura Central de Tráfico comportó la salida de diecinueve funcionarios de las jefaturas catalanas, catorce de los cuales abandonaron definitivamente Catalunya. Además, dos plazas quedaron desiertas.