Hoy se ha publicado State of Biodiversity Action, el primer balance global que evalúa los avances en la aplicación del acuerdo internacional para proteger la biodiversidad. El informe llega pocos días antes de la COP17 sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que se celebrará del 19 al 30 de octubre en Ereván (Armenia), con el lema "Actuar por la naturaleza". La conclusión principal es clara: hay que hacer más y más deprisa para cumplir los objetivos globales de biodiversidad antes de 2030.
En 2022, los países adoptaron el Marco Mundial de Kunming-Montreal, un plan con 23 objetivos para detener y revertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 y avanzar hacia una convivencia sostenible con la naturaleza en 2050. Ahora, cuando estamos a mitad de camino del plazo establecido, toca hacer balance. El informe, elaborado a partir de los informes presentados por los países, sus estrategias nacionales y otras fuentes de conocimiento científico y técnico, analiza los avances, las carencias y los obstáculos que dificultan la aplicación del plan. Los resultados servirán de base para la revisión global que se debatirá durante la COP17, donde los países deberán identificar cómo acelerar las medidas.
Un compromiso global que todavía cuesta traducir en acciones
El acuerdo de Kunming-Montreal ha servido para definir los objetivos nacionales para adaptar los compromisos globales a sus realidades y ahora han presentado informes para explicar las medidas que han adoptado. El balance también incorpora aportaciones de otros actores, como pueblos indígenas, comunidades locales, ciudades, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Según la información publicada por la Convención sobre la Diversidad Biológica, menos de la mitad de los objetivos nacionales evaluados por los propios países están bien encaminados.
Por un lado, sí que se han impulsado iniciativas de conservación y actuaciones concretas en diferentes sectores, y cada vez más países incorporan la biodiversidad a sus estrategias y políticas. Esto demuestra que el acuerdo ha empezado a traducirse en acciones, aunque esto no significa que los resultados globales sean suficientes para cumplir los hitos de 2030. Entre los objetivos más ambiciosos está el de restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados y conservar de manera efectiva al menos el 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales, así como de las zonas costeras y marinas.
Los principales retrasos se concentran en las medidas económicas
Por otro lado, entre los retos pendientes está el de movilizar suficiente financiación para proteger la biodiversidad. En este ámbito, los países se fijaron el objetivo de movilizar al menos 20.000 millones de dólares anuales en 2025 en financiación internacional destinada a la biodiversidad en los países en desarrollo, una cantidad que debería aumentar hasta los 30.000 millones anuales en 2030.
También es necesario reformar los incentivos económicos que perjudican la naturaleza, reforzar la responsabilidad de las empresas sobre su impacto ambiental y avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. No basta con proteger espacios naturales o restaurar ecosistemas: también es necesario transformar las actividades económicas que contribuyen a degradarlos. Para conseguirlo, la biodiversidad debe integrarse en las políticas de agricultura, pesca, infraestructuras, comercio y planificación urbana, así como en las decisiones de las empresas y las instituciones financieras.
¿Qué deberá abordar la COP17?
El informe ofrece una base para identificar las prioridades que será necesario abordar durante las negociaciones de Ereván. Una de las principales es reforzar los objetivos nacionales allí donde sean insuficientes y acelerar las medidas que permitan abordar las causas de fondo de la pérdida de biodiversidad. El balance llega en un momento decisivo. Cuatro años antes del plazo de 2030, los países tienen la oportunidad de revisar qué funciona, identificar qué impide avanzar y reforzar las medidas necesarias para proteger la biodiversidad. La COP17 será una prueba de hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a convertir los compromisos adquiridos en acciones concretas.