Después de que el juez haya denegado en la mañana de este miércoles al Ajuntament de Barcelona la autorización para entrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el gobierno municipal insiste en querer cerrarlo y por eso recurrirá el acto dictado hoy por el magistrado.
El teniente de alcalde de la capital catalana, Jaume Asens, ha indicado que el juzgado contencioso administrativo número 2 de Barcelona reconoce que el CIE ha reabierto y tiene actividad, por lo que ya no será necesaria una inspección. En esta situación, los servicios jurídicos municipales estudiarán enviar un orden de cierre.
Las intenciones del gobierno de Ada Colau, sin embargo, se podrían ver truncadas ya que, tal como el juez ha admitido este miércoles, "existen serias dudas sobre la competencia del Ajuntament para ordenar el cierre del CIE, por no disponer de licencia de actividad como establecimiento asimilado a los de hostelería". También ha añadido que esta licencia de actividades "no la ha exigido el consistorio en los diez años de funcionamiento del centro".
Refiriéndose a la orden municipal de finalización de actividades del CIE, el juez ha afirmado que "llama la atención que la petición de entrada no se solicite para ejecutar un acto administrativo, sino simplemente para comprobar si éste se ha ejecutado".
Con respecto a la posición del Ajuntament, Asens ha subrayado que el ministerio del Interior no ha presentado todavía ningún recurso "de altura" contra la resolución municipal que ordena el cierre del CIE, y ha augurado que este pleito judicial con el Ministerio se puede prolongar durante más de un año.