Desesperada. Irena Dobosz es una madre a quien la justicia dio la custodia de sus hijas, que ahora tienen 8 y 10 años, en 2023, al marcharse de casa y denunciar al marido por violencia de género, pero desde el verano pasado tiene prohibido acercarse a ellas. Lo dictó el juez de Primera Instancia e Instrucción 3 de Esplugues de Llobregat, al asegurar que "no ha cumplido las visitas" que le tocaban al padre. "Las niñas lloraban, no querían; hicimos terapia familiar, lo intenté todo", asegura. Irena explica su caso porque quiere recuperar a sus hijas y para que profesionales las visiten y detallen que están bien y no son maltratadas. "Existen numerosas denuncias cruzadas entre los progenitores", afirma el juez en un auto de junio pasado.
La última angustia d'Irena es que ha sido informada de que la escuela llevó, el viernes pasado, a la hija pequeña al hospital de Sant Joan de Déu por unos moratones en el brazo y ha puesto una enésima denuncia a los Mossos contra el exmarido por maltrato infantil. El centro educativo tiene registrado que es "importante la conflictividad" entre los dos progenitores. En el informe médico se indica que la menor explica que se lo hizo el padre porque no quería cenar. Se añade que "no se observan indicadores de desprotección infantil"; la niña volvió con el padre, pero se deja constancia de la situación familiar. "Su padre las ha aislado, como hizo conmigo. Las ha sacado del patinaje artístico, que les gustaba mucho y hacían campeonatos, y ahora viven en una urbanización", manifiesta la madre, que denuncia: "¡Hace tres años que pido que las escuchen!"
Denuncia a la Comisión Europea
La abogada de Irena, María Yurena Carrillo Ramos, afirma que "se han invertido los roles" y la justicia española vuelve a penalizar a una madre, a quien la abogada del exmarido "afirma falsamente en escritos al juzgado que tiene una enfermedad mental o que tiene el apoyo de madres protectoras", como si fuera una anomalía. Por ello, Carrillo ha denunciado a la Comisión Europea la situación de Irena, junto con otros siete casos, para que revise si España cumple el derecho de la Unión en protección de menores.
Carrillo sostiene que las actuaciones de los juzgados y tribunales catalanes con Irena es "violencia institucional", como la que se ha aplicado a otras madres protectoras. Un caso impactante fue el de Sílvia Aquiles, que fue juzgada con una petición de pena de cinco años de prisión por supuestamente haber sustraído a los dos hijos, y que al final fue absuelta. La abogada de Irena sostiene que en las resoluciones se la clasifica con el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), prohibido en los juzgados, aunque se usa otro nombre. Además, Yurena alerta de que en estos procedimientos "también va contra la abogada que las representa" al denunciar "desviaciones procesales" en las resoluciones.
El informe, presentado en septiembre pasado, denuncia "un patrón sistémico de violencia institucional, inversión de mecanismos de protección, represalia contra informar a las madres, tortura institucional, fracaso en la protección de los niños y la interferencia al ejercicio independiente de la abogacía". En concreto, la letrada sistematiza una muestra de ocho expedientes de casos en los cuales asegura que "identifica patrones de violencia institucional contra los derechos humanos, especialmente visible donde las mujeres denuncian violencia y los menores se ven afectados". Añade que los casos "no se presentan como ocho disputas privadas aisladas, sino como ejemplos de una práctica estructural que implica la inversión de los mecanismos de protección, represalia para informar, debilitar la investigación de la violencia, no proteger a los niños, criminalizar a las madres y uso de poderes públicos para producir o consolidar resultados adversos contra personas que buscaban protección". Por eso, pide a Europa que compruebe si "las disfunciones" de la justicia española que ella denuncia tienen un "carácter sistémico" de violaciones del derecho de la Unión y si debería sancionar el Estado español por infracción grave. La Comisión ya le ha pedido más información de algunos casos, precisa.
¿Qué ha pasado?
Irena, nació en Polonia, tiene 40 años y es ingeniera civil. Trabajaba en una empresa polaca hasta que se casó con su marido en 2012 y fueron a vivir primero a Sevilla, Alacant y Barcelona. Las hijas nacieron en 2016 y en 2018 y ella se encargaba del cuidado de las menores. Ha trabajado de traductora. En el año 2023 se marchó de casa con las niñas y denunció al marido por violencia de género. Se divorciaron en 2025 y tenían la custodia compartida. La madre recuerda que cuando las niñas tenían que ir con su padre, lloraban; en la escuela no querían ir con él. Se le reprochó que pusiera un aparato de control en un peluche de las hijas para vigilar su estado. "Siempre es culpa mía", lamenta que le digan. Admite que una vez se marchó con las hijas a casa de una amiga en Badalona y fue detenida por los Mossos d'Esquadra en la calle. Desde octubre no ve a sus hijas. Antes se le prohibió ir con ellas a Polonia, donde viajaban para ver a los abuelos y familiares.
Inicialmente, el juez de Esplugues resolvió el pasado junio que la patria potestad de las dos niñas fuera compartida, pero otorgaba la guarda y custodia al padre y acordaba un régimen de visitas en favor de la madre de una visita quincenal a realizar en un punto de encuentro. Razona que "ambas partes han intentado realizar una custodia compartida de las menores". Sin embargo, añade que "la abundante documental presentada demuestra que las visitas no se han realizado con normalidad, constando las innumerables trabas que ha puesto la madre para impedir el correcto desarrollo del padre con estas, existiendo prueba suficiente que acredita la conculcación de las hijas respecto al padre" y que "esta conducta de no entregar a las menores al padre dificulta la correcta aplicación de la custodia compartida". A finales del pasado julio, el juez prohibió a Irena acercarse a sus hijas a una distancia inferior a 1.000 metros.
Además de no poder ver a las niñas, Irena ha explicado que el exmarido también la quiere echar de casa porque está a nombre de una empresa suya y que Hacienda le reclama un dinero por constar como autónoma en esta sociedad del exmarido, que asegura que desconocía. Incluso, la Fiscalía le pide 2 años y 8 meses de prisión por supuestamente haber agredido a dos agentes de los Mossos cuando iban a recoger a las menores a su casa.
Irena y su abogada afirman que esta resolución no se podía haber tomado porque no se ha resuelto su denuncia por maltratos familiares. Carrillo añade que tampoco se ha respetado el protocolo contra el maltrato infantil de Catalunya. La Audiencia de Barcelona tiene dos procedimientos abiertos sobre los casos de Irena. La lentitud judicial también castiga a las menores, que son las principales afectadas de esta situación.
