"Estamos contentos." El magistrado Xavier Gonzàlez de Rivera expresa así la valoración de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), conocida el martes, que ha condenado el Estado español por la publicación en el diario La Razón de la fotografía del DNI de 33 magistrados y jueces catalanes que se habían pronunciado a favor del derecho a decidir, en el 2014. De la treintena de signatarios, unos 20 llevaron su caso al tribunal con sede en Estrasburgo, ya que eran los que se evidenciaba que su imagen se había extraído de la base de datos policial, como ahora ha confirmado el tribunal europeo, que certifica que el Estado español ha vulnerado la protección al derecho a la intimidad de los jueces, pero no el de la libertad de expresión, como denunciaba su abogado, Andreu Van den Eynde. No obstante, la sentencia es importante porque el tribunal riñe al Estado español por permitir que se hagan informes policiales de personas sin que hayan cometido ningún delito y que no se investigue lo suficiente la autoría.
"Tienes la sensación que estás controlado y señalado. No me ha afectado, pero sí la sensación de estar señalado", declara Gonzàlez de Rivera a ElNacional.cat. El titular del juzgado de lo Social 3 de Barcelona y portavoz de la asociación de jueces Ágora Judicial afirma que no ha sufrido ningún obstáculo en su carrera judicial, pero que algún compañero sí, que prefiere ni explicar. Lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no los defendió cuando salieron sus imágenes publicadas en un medio de comunicación español y con la denuncia del sindicato de ultraderecha Manos Límpias, el Poder Judicial les abrió unas diligencias de investigación, que se cerraron, pero les reprobaba que dijeran que Catalunya es una nación en su manifiesto, en el cual se afirmaba que en el ordenamiento jurídico español tiene cabida un referéndum de autodeterminación. Era un posicionamiento jurídico antes de la consulta no vinculante del 9-N, convocada por el gobierno de Artur Mas, condenado por desobediencia y que después derivó en el referéndum del 1-O del 2017, este con condenas de prisión por sedición.
Efectos de la condena
¿Qué supondrá esta condena al Estado español? "La sentencia es un toque de atención que va más allá de la actuación impune de la policía. Cuándo habla de autoridades, se refiere tanto a la judicial, por no haber investigado lo suficiente, como a la policía, es decir, al Ministerio del Interior, que no puede actuar impunemente," declara el juez catalán. No obstante, no confía en ninguna autocorrección por parte del Gobierno, ya que ha sido condenado en otras ocasiones sin corregirse.
Las actuaciones de la policía patriótica del PP, del 2014 en el 2017, ahora evidenciadas con los audios difundidos que guardaba el comisario jubilado José Manuel Villarejo, son una muestra de estas prácticas proscritas realizadas contra los 33 jueces catalanes o a representantes del independentismo catalán a través del software Pegasus, al menos hasta el 2019, como ha evidenciado el grupo Citizen Lab en la investigación Catalan Gate. Por ahora, el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de Òmnium, pero solo para comprobar primero si tres responsables de la entidad fueron infectados en sus móviles y después buscaran los autores.
Además, Gonzàlez de Rivera expone que hacer justicia, en su caso, sería poder reabrir la causa penal, pero el delito de revelación de secretos y contra la intimidad ya está prescrito porque han pasado más de cinco años. Lo que sí que han pedido los jueces catalanes, a través del abogado Josep Cruanyes, es que la Agencia Española de Protección de Datos reabra la investigación de su vulneración del derecho a la intimidad, a partir de los audios de Villarejo y con la sentencia del TEDH.
Los argumentos de la Abogacía del Estado
De la sentencia, el juez Gonzàlez de Rivera expresa que le ha sorprendido que el argumento de la Abogacía del Estado haya sido que expusieron al público su vida privada al haber hecho el manifiesto. ¿Y el Estado recurrirá la condena? "Es una sentencia por unanimidad, donde se hace difícil presentar un recurso, pero nunca se sabe", concluye al magistrado. De los siete magistrados que firman la condena, está la magistrada española Maria Elosegui. El Estado español les tiene que indemnizar a cada uno con unos 4.000 euros, además de la condena por prácticas fuera de los parámetros democráticos.