La semana ha dejado dos hechos "llamativos", de "mucho valor político" en Catalunya, que Moncloa hará suyos para desacreditar el proceso soberanista. Los citaba una de las manos derechas de Mariano Rajoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El primero es la posibilidad de que la mesa del Parlament tramite de forma exprés la desconexión del marco legal del Estado, cuestión que hizo poner el grito en el cielo a algunos medios de Madrid. El segundo es que el Consell de Garanties Estatutàries haya dictaminado este viernes que la partida del referéndum es inconstitucional.
"Por unanimidad le dicen al Govern que la partida en los presupuestos es inconstitucional. Es un propio órgano creado por la Generalitat que les dice que están haciendo actos inconstitucionales. Por eso hacemos un llamamiento al diálogo, ya que son cosas que sus propios órganos rechazan" ha afirmado el portavoz del ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo. La cuestión es que el Consell es un órgano consultivo, y cuando fuentes de Moncloa son preguntadas al respecto, insisten en que se están viendo "cosas muy extrañas" porque el ejecutivo catalán "no hace caso a un órgano con juristas, creado para la legalidad", exponen.
Más allá de la queja, no parece que Rajoy vaya a actuar de momento para tumbar el proyecto presupuestario. No se ha emitido ningún informe al respecto durante el Consejo de Ministros, ni tampoco se ha llamado a la Abogacía de Estado para preguntarle cómo suspender la "partida inconstitucional", todo según el portavoz gubernamental. La estrategia oficial sigue siendo la de esperar a que se aprueben los presupuestos para poder llevarlos al Tribunal Constitucional, como se dijo hace semanas.
El tiempo de espera, sin embargo, no se corresponde con la rapidez del Estado a la hora de actuar en otros casos. Y esto podría ser interpretado como un pisotón al pedal de freno, ahora que el gobierno central busca "recuperar las instituciones", darse más presencia en Catalunya, y fomentar la "cohesión" entre la sociedad catalana. El hecho es que fuentes del entorno de la Presidencia creen que no hay indicios suficientes todavía como para poner en marcha los resortes legales.
Esta es la legislatura del diálogo. Aunque ahora también del dinero. De Vigo ha anunciado la adjudicación de 11.935 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 3000 millones de los cuales son para Catalunya. "El gobierno de España siempre ha sido leal. Nos importa que se pueda pagar a los proveedores. Nos importa que la gente pueda seguir viviendo bien" ha remachado el portavoz. Este fondo tendrá tres condiciones, pero fuentes de Moncloa descartan que puedan ser usadas para presionar a la Generalitat y evitar el referéndum, porque no son de cariz "político": unidad de mercado, administración digital, oferta de empleo público.
También en el marco monetario, no hay nuevas noticias sobre la ronda que el ministro de Hisenda, Cristóbal Montoro, empezó para negociar los presupuestos, donde también incluyó al PDeCAT. La llamada sigue siendo velada al PSOE, porque de esta norma depende, entre otras cosas, la financiación de 7 comunidades socialistas. De momento, se da por seguro el apoyo de Ciudadanos, pese al escándalo en Murcia con el pacto anticorrupción firmado con el Partido Popular, y la posibilidad en el aire de que el presidente Pedro Antonio Sánchez pueda sufrir una moción de censura.
Y así, entre dinero, diálogo y legalidad, del tercer acontecimiento de la semana, el juicio del exconseller de la presidencia, Francesc Homs, por su implicación en el 9-N, nadie se ha pronunciado. Eso, aunque Homs avisó de dos cuestiones en el alegato final del mismo: la primera, que "se hará el referéndum". Y la segunda, que una sentencia condenatoria podría suponer un nuevo punto de inflexión entre el Estado y la sociedad catalana, como asegura habría sido que el TC tumbase el Estatut de Autonomía en 2010.