Dos secretarias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han notificado en los miembros de la Mesa del Parlament la suspensión de las resoluciones adoptadas en el pleno de política general del pasado 6 de octubre y que hacen referencia al referéndum y al proceso constituyente. También les comunica el inicio de una investigación para comprobar si han actuado de acuerdo con la ley española.
Al margen de la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, los miembros que permitieron esta tramitación fueron el vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas (JxSí); las secretarias primera y cuarta, Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí) -que votaron a favor- y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (CSQP), que se abstuvo.
El Gobierno de Mariano Rajoy presentó a través del Abogado del Estado un "incidente de ejecución" al TC para denunciar que estas resoluciones independentistas contradicen las sentencias de este tribunal.
Nuevo procedimiento
El procedimiento que se inicia hoy es diferente al que afecta a la presidenta de la cámara aunque el recorrido será probablemente similar.
En este caso el objeto son todos los miembros de la Mesa, que es el órgano de gobierno del Parlament y quien permite o no que las propuestas de resolución lleguen al pleno. La abogacía del Estado cree que algunos miembros de la Mesa actuaron en contra de la jurisprudencia del TC permitiendo que resoluciones en las que se plantea la posibilidad de hacer un referéndum unilateral o que despliegan medidas para el proceso constituyente de la República catalana, llegaran al pleno.
Focadell está investigada por permitir que el pleno votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. En este caso, el TC había advertido previamente a la celebración del pleno que, si eso se hacía, la presidenta de la cámara estaría contradiciendo su jurisprudencia porque la comisión de estudio sobre el proceso constituyente emana, según el TC, de la resolución independentista del 9-N del 2015, suspendida por el tribunal.
En el procedimiento que se inicia hoy, hay que recordar que no hubo ninguna advertencia concreta a los miembros de la Mesa antes del debate de política general. Aun así, la abogacía del Estado entiende que las resoluciones que se aprobaron al debate de política general del 6 de octubre, también son consecuencia de la resolución del 9-N suspendida.
Comunicación a todos los miembros de la Mesa
En la comunicación que este martes se ha entregado a los miembros de la Mesa, se les recuerda que tienen el "deber impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" y también se les advierte de "las posibles responsabilidades, incluida la penal" en las que pueden incurrir en caso de incumplimiento.
Los siete diputados han recibido la misma notificación pero los cinco diputados soberanistas (JxSí y CSQP) y que votaron a favor de las resoluciones del referéndum y el proceso constituyente se votaran en el pleno, han recibido también una copia del informe de la abogacía del Estado en el que se pide que se inicie un procedimiento por la vía penal por si han incurrido en alguna causa penal.
Tanto los diputados como la abogacía del Estado tienen 20 días hábiles para presentar alegaciones.