La defensa de los cinco síndicos electorales del 1-O juzgados por desobediencia ha presentado ante la jueza una entrevista de prensa en la cual el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, afirma que los acusados cumplieron "escrupulosamente" los requerimientos de este órgano.

En un escrito, al cual ha tenido acceso Efe, el abogado de los síndicos, Ramon Setó, pide a la titular del juzgado de lo penal número 11 de Barcelona que admita la entrevista como prueba documental y la tenga en cuenta de cara a su sentencia, que todavía no ha dictado.

Los síndicos electorales que el Parlament designó para el 1-O —Jordi Matas, Marc Marsal, Marta Alsina, Tània Verge y Josep Pagès— fueron juzgados el pasado mes de marzo en un juicio en el cual la Fiscalía pidió que se les condenara a dos años y nueve meses de prisión, por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones.

Los cinco acusados, catedráticos y letrados vinculados al mundo universitario, fueron nombrados el 7 de septiembre del 2017 por el Parlament como miembros de la Sindicatura del 1-O, que tenía que operar como una especie de Junta Electoral del referéndum, aunque cesaron de sus cargos a los 19 días, después de que el Tribunal Constitucional (TC) les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno.

Aunque el juicio ya está visto para sentencia, la defensa de los síndicos ha tenido conocimiento ahora de una entrevista con el presidente del Constitucional que publicó en septiembre del 2018 la revista oficial del Consejo General de Notaría, Escritura Pública.

En esta entrevista, añade el escrito de la defensa, González Rivas comenta la reforma legal del 2015 sobre el Constitucional y recuerda que la potestad del tribunal para imponer multas coercitivas se ha usado solamente en una ocasión, "frente a las personas que ocupaban cargos no reconocidos en la llamada sindicatura electoral de Catalunya".

"Estas multas coercitivas propiciaron que las personas en cuestión cumplieran de forma escrupulosa los requerimientos del Tribunal Constitucional", prosigue González Rivas en la entrevista presentada ante el juzgado.

Para la defensa, es "enormemente trascendente" que el presidente del Tribunal Constitucional afirme que los síndicos acataron sus órdenes: "Si cumplieron escrupulosamente los requerimientos, es que no desobedecieron y, por lo tanto, no hay delito", añade el escrito.

El abogado apela a la ley de enjuiciamiento civil, que permite presentar pruebas una vez celebrado el juicio, siempre que sean sobre hechos nuevos.

"Procede, por lo tanto, la admisión de la prueba documental que se acompaña, al ser nueva noticia (conocida hoy) y de absoluta pertinencia y utilidad al tratarse de manifestaciones sobre la esencia del delito de desobediencia realizadas por el presidente del Tribunal Constitucional", sostiene Setó en su escrito.

La jueza penal tiene que decidir ahora si acepta la nueva prueba presentada por la defensa de los síndicos.