El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación de las conversaciones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el hasta ahora director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, que ha sido cesado este miércoles por la mañana por el Parlament a raíz de este caso. El síndic considera que las conversaciones conocidas a través del diario Público revelan "un grave ataque al Estado de derecho" y una "fatal administración y praxis de política pública" y ha reprochado a Fernández Díaz "actos preparatorios contra adversarios políticos para destruir opciones democráticas". El síndic se ha dirigido al defensor del pueblo, al Congreso de los diputados y al Parlament para que exijan responsabilidades al Gobierno español y también llevará a los hechos en la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Ribó quiere saber "por qué un ministro del Interior ha promovido investigaciones erráticas, sin indicios reales, sabiendo que eso atenta contra todos los principios elementales del Estado de derecho". "Es él quien tiene el monopolio de la fuerza en sus manos y quien lo tiene que utilizar con gran cuidado, todo lo contrario de lo que conocemos que ha hecho", ha recriminado en una rueda de prensa para explicar la apertura de la actuación de oficio sobre las conversaciones, acompañado por el adjunto general, Jaume Saura. También ha cargado contra el ministro por el hecho de que se registraran y se filtraran las conversaciones, que atribuye también a la "fatal administración". "Me sorprende que la autoridad que nos tiene que proteger para que no nos graben se exclame que lo han grabado en su despacho", ha criticado. 

Las falsas cuentas de Trias

El síndic de greuges ha recordado que en 2014 la institución que representa ya actuó de oficio a raíz de las filtraciones de información falsa por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, que desacreditaban a varios cargos de la administración, entre ellos el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Ribó ha subrayado que pidieron a las autoridades correspondientes que actuaran "con todo el rigor necesario" y que relacionaron aquella información falsa con otra filtración del 2012, cuando faltaban pocos días para las elecciones catalanas, sobre el entonces presidente en funciones de la Generalitat y candidato para revalidar el cargo, Artur Mas, también sobre la base de informes falsos. 

Ribó ha constatado que hasta ahora "nadie se había atribuido la paternidad de aquellos informes" y ha lamentado que el Gobierno español no haya dado explicaciones ni haya asumido responsabilidades por aquellas filtraciones. El síndic ha afirmado que "la diferencia es que ahora tenemos nombres y apellidos sobre aquello que entonces quedó en el anonimato" y ha insistido en las "evidencias irrefutables". "Hemos escuchado sus voces. Es como pretender negar que ahora es de día", ha añadido. Ribó ha asegurado que estas filtraciones tendrían que comportar "el cese inmediato de la autoridad responsable", según el código europeo de buena conducta administrativa.

El apoyo de Becerril

Ribó se ha dirigido a su homóloga en el Estado español, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, para que investigue la actuación del Ministerio del Interior y pida al Gobierno español que depure responsabilidades según el código europeo. El síndic espera una respuesta "más completa" que la de 2012, cuando el defensor del pueblo no encontró elementos que justificaran una intervención y cerró las actuaciones. Aunque no descarta acudir a otras instancias a nivel europeo, ha explicado que de momento se centran en las instituciones que hay en el Estado español. El síndic también se ha dirigido tanto al Congreso de los Diputados como al Parlament para que pidan responsabilidades al Gobierno español, sea quien sea quien asuma las riendas en las próximas semanas.

Malvesación de fondos públicos

Además, Ribó ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de varios delitos, como por ejemplo malversación de fondos y dinero público y contra derechos fundamentales, aunque no ha querido entrar a detallarlos porque, ha subrayado, no es el encargado de la investigación judicial, sino que él asume otras vías institucionales. Ahora bien, el síndic ha avisado de que las pruebas se podrían anular por la manera en que se obtuvieron. "Eso no quita ni una coma de responsabilidad sobre la mala administración", ha afirmado. 

El Supremo es quien tendría que investigar estos hechos si lo considera pertinente por la condición de aforado del ministro y, en este sentido, Ribó ha aprovechado para recordar que él y también algunos de sus homólogos en el Estado español pidieron hace tiempo que se les retirara el aforo, después de que el Gobierno español anunciara que estudiaría la reducción de los cargos que tienen este privilegio pero que no lo haya hecho.