Mariano Rajoy destituye al Govern de la Generalitat en pleno mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución –por primera vez en la historia de una democracia europea–, medida que irá acompañada por la convocatoria de elecciones en el plazo máximo de seis meses. Rajoy compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este sábado para anunciar las medidas, entre las que se encuentra la limitación de la capacidad legislativa del Parlament y de control del ejecutivo catalán, aunque no permanecerá cerrado, como adelantaba El Nacional hace unos días.

Los ministerios toman el Govern

Según explicó el presidente, la medida pasa por el cese del president Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los consellers. Serán los ministerios quienes asuman la responsabilidad de las respectivas carteras en un primer momento –porque esta es la preferencia del jefe del Gobierno. Ahora bien, el Ejecutivo se reserva la potestad de designar "los órganos o autoridades" colegiadas que sean necesarios para el ejercicio de dichas funciones y para el cumplimiento de las medidas anunciadas en el acuerdo, bien sean los mismos ministros o técnicos.

Así las cosas, ha Rajoy ha pasado de perfil por la pregunta de El Nacional sobre qué pasaría si el Govern no dejaban el cargo. Ha afirmado que no se podía incumplir "lo que es una obligación". "Una de mis obligaciones es cumplir la ley. Lo que me he encontrado delante no lo he visto en muchos años" ha dicho sobre el plan de independencia. Se ha quejado además de que el diálogo habría sido "imposición" o "contrato de adhesión" por parte del Govern, quien lo habría empujado a actuar. "No era mi deseo, ni intención. Lo sabe el conjunto de la opinión pública española", ha afirmado.

Modificación del organigrama y sanciones de la Fiscalía

Fuentes del ejecutivo exponen que la toma de posesión por parte de los ministerios será de forma "progresiva", según necesidad, y se reservan la capacidad de hacer cambios en el organigrama. Eso pasa porque cuando cesan los consellers, también lo hacen sus jefes de gabinete y otros cargos de libre designación de la conselleria. Por ejemplo, en el caso que Interior implica que el ministerio se reservaría la potestad de destituir al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, o a otros cargos de TV3.

Sobre la posibilidad que los funcionarios se subleven, el acuerdo de Consejo de Ministros establece que este personal pasa a las órdenes de la nueva autoridad competente, ya que la Generalitat seguirá siendo "la organización administrativa ordinaria que ejerce funciones ejecutivas". Las fuentes consultadas creen que un profesional público actúa sin criterios políticos, de modo que no se arriesgarán a responder con la desobediencia. Así y todo, el texto informa de que se arriesgan a medidas "disciplinarias", sin perjuicio de otros del tipo "patrimonial, contable, penal", dirigidas desde la Fiscalía.

Elecciones en seis meses

Rajoy asumirá la atribución de convocar elecciones y asegura que su voluntad es de hacerlo "tan pronto como se recuperara la normalidad constitucional". "Es lo que dice el sentido común, abrir una nueva etapa en que la ley se respete y los derechos de la gente se preserven" ha expuesto sobre una medida que ha recordado que estaba consensuada con el PSOE y Ciudadanos. Fentes del Gobierno añaden que una vez haya nuevas elecciones los ciudadanos volverían a escoger a sus representantes, de entre quienes decidan los partidos, como se hace normalmente.

El Senado sustituye al Parlament (no a Forcadell)

Durante el tiempo que dure el acuerdo, el Parlament tendrá funciones limitadas para que no se aprueben medidas en contra del 155. Podrá mantener la actividad legislativa que no tenga que ver con ese artículo y el ejecutivo se reservará 30 días para vetar iniciativas. La cámara tampoco podrá hacer la función de control y la potestad será asumida por el Senado, donde se celebrarán plenos cada dos meses para interpelar a los ministros. Fuentes de la Moncloa añaden que Carme Forcadell continuará en el cargo de presidenta, en tanto que diputada, pero no podrá proponer un candidato para la investidura.

Mossos, Economía, TV3

El Gobierno podrá desplegar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalunya, acordando la coordinación con los Mossos, si fuera necesario, incluso, sustituyendo sus efectivos por los de la Policia, o la Guardia Civil. No es una medida decidida, pero Interior se reservaría la potestad de destituir al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El texto informa de que se arriesgan a medidas "disciplinarias", sin perjuicio de otros del tipo "patrimonial, contable, penal", entre otros, aquellos trabajadores o jefes que no obedezcan las órdenes efectuadas.

En lo económico, el Gobierno se arroga la función financiera, tributaria y presupuestaria para satisfacer la provisión de los servicios públicos. Por eso, las medidas irán orientadas a garantizar que los fondos que el Estado destina a la Generalitat, así como aquel dinero que esta envía a sus proveedores, organismos, ente o entidades vinculadas a la misma "no se destinan a actividades o hasta vinculados con el proceso secesionista o contravenga las medidas adoptadas por este acuerdo". Eso refuerza la ya intervención de las finanzas catalanas por parte de Hacienda.

Cuanto a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3, Catalunya Radio...), el Gobierno expone que garantizará la transmisión de una información "veraz, objetiva, equilibrada y respetuosa con el pluralismo político, social, cultural y también con el equilibrio territorial, así como el reconocimiento y respeto por los valores y los principios de la Constitución y el Estatut". También pasan a control del ejecutivo el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya, así como los servicios digitales públicos.

DUI y entrada en vigor de la medida

En caso de que Puigdemont declarara la independencia, fuentes de la Moncloa dicen que los grupos podrán presentar modificaciones al acuerdo en el trámite de discusión del mismo, que culminará en un pleno el próximo 27 de octubre en el Senado. Previo a este, el procedimiento pasa porque la mesa de la cámara alta califique este sábado el texto, y se cree una Comisión conjunta para la discusión de las medidas la próxima semana. El plazo de vigencia del 155 es hasta la toma de posesión del nuevo Govern, aunque se podría prolongar si Rajoy lo estima, planteando al Senado nuevas medidas.