El PSOE da un paso adelante para responder a una de las principales reivindicaciones de los funcionarios de prisiones. Después de la crisis en las prisiones catalanas y de las protestas continuadas a raíz del asesinato de Núria López, cocinera de Mas d’Enric, los socialistas han registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con un objetivo claro: reconocer que los “funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas de instituciones penitenciarias” tienen el “carácter de agentes de la autoridad” a todos los efectos legales y en el ejercicio de sus funciones. Además, el texto añade que en los procedimientos disciplinarios sancionadores, los informes emitidos por los funcionarios que “hayan presenciado los hechos” constituyen una “base suficiente para adoptar la resolución que sea procedente” si aportan “todos los elementos probatorios disponibles” y siempre que no haya una prueba en contra.

 

La iniciativa también quiere que la administración tenga que “resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio” siempre que no haya “luto, negligencia o impericia graves”. Además, apunta directamente a los procedimientos penales seguidos contra funcionarios penitenciarios: pide que se garantice “la separación del resto de los detenidos, en caso de detención” y que, si ingresan en la prisión, estén separados de los otros reclusos para “salvaguardar su integridad física”. La propuesta se vehicula a través de una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

El portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, David Serrada, destaca que esta propuesta es el resultado del trabajo hecho “con los sindicatos mayoritarios de prisiones” con la voluntad de “recoger sus demandas” y de dar “respuesta a la principal reivindicación del colectivo de funcionarios de prisiones”. El objetivo es “dar seguridad jurídica al trabajo que hacen estos trabajadores públicos y evitar que se dicten fallos judiciales dispares”. Justo hace un año, Alberto Gómez, portavoz de la CSIF, sostuvo que reconocerlos como agentes de la autoridad reduciría el número de agresiones que sufren por parte de reclusos violentos y, en la misma línea, Xavier Martínez, portavoz de UGT-Cárceles, esgrimió que serviría para minimizar unas agresiones que “ahora salen gratis” porque se les vería como un “colectivo fuerte”.

Una propuesta idéntica del 2020: PP, Junts y Unidas Podemos votaron a favor y ERC se opuso

La iniciativa legislativa registrada por el PSOE es idéntica a una que los socialistas ya presentaron hace cuatro años, en julio de 2020. La proposición de ley no se debatió hasta 2022 y, después de superar el primer examen parlamentario, quedó en un cajón y acabó caducando por la disolución del Congreso de los Diputados. En aquella ocasión, en la única votación que hubo, la propuesta del PSOE recibió el apoyo, entre otros, del Partido Popular, Junts per Catalunya y Unidas Podemos. En cambio, ERC, Bildu, el BNG y la CUP se opusieron a su toma en consideración.

Durante el debate, Josep Pagès, diputado de Junts, defendió su voto a favor, pero alertó de que el límite de los juntaires era “el respeto al modelo penitenciario catalán y a las competencias en ejecución penitenciaria de la Generalitat”. Por su parte, Carolina Telechea, de ERC, reprochó al PSOE que el texto no reconocía las “demandas y carencias” de los trabajadores públicos y “mucho menos las necesidades de los funcionarios catalanes”.