La nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia de Lleida, impulsada por el gobierno de Fèlix Larrosa (PSC), ya tiene los apoyos que le faltaban para salir adelante. El grupo municipal de Junts per Catalunya ha anunciado que facilitará la aprobación de la ordenanza en el pleno de la Paeria del viernes, a cambio de que se apruebe una moción para instalar lavabos y duchas públicas. La portavoz del grupo, Violant Cervera, ha dicho que la avalarán después de que el gobierno socialista haya aceptado 31 de las 55 enmiendas presentadas por Junts y 17 más hayan sido transaccionadas.
Las enmiendas se han aceptado después de que la prohibición no superara el trámite de la comisión municipal de la semana pasada, a pesar de que la teniente de alcaldía de Seguridad Ciudadana, Cristina Morón, defendiera que el texto está "contrastado técnica y jurídicamente" por expertos y por los abogados de la Paeria. La prohibición figura en el artículo 12 de la ordenanza, que también regula otros aspectos de la manera de vestir en el espacio público y prohíbe ir desnudo. En el caso del burka y el niqab, se prevén excepciones "en lugares de culto, en espacios donde sea normal o habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas".
Redactado alternativo "de acuerdo con la normativa vigente"
Cervera ha explicado que Junts había planteado un redactado alternativo sobre la vestimenta, pero que finalmente ha aceptado transaccionar la incorporación de la expresión "de acuerdo con la normativa vigente", ante una eventual regulación estatal. La portavoz ha recordado que el Supremo anuló la prohibición del burka que la Paeria había aprobado en 2010 porque consideraba que no tenía competencias para regular aspectos relacionados con derechos fundamentales. Según la portavoz juntaire, la nueva referencia permitiría adaptar la ordenanza si en el futuro el Congreso aprueba una regulación estatal.
La portavoz de Junts ha defendido que Lleida necesita actualizar una ordenanza que data de 2007 porque la ciudad ha cambiado y ha crecido en población. A su parecer, el nuevo texto simplifica el anterior y concreta mejor las conductas que pueden ser sancionadas, a pesar de que defiende que las ordenanzas no sirven solo para imponer sanciones, sino que tienen una función "de educar a la ciudadanía". De esta manera, llevar burka o niqab en los espacios donde quede prohibido podría comportar sanciones de entre 400 y 750 euros, a pesar de que antes se efectuaría una advertencia.
La semana pasada en la comisión municipal, la concejala de Feminismos, Carme Valls, remarcaba que se trata de defender "el derecho de las mujeres" y ha asegurado que "todas deben poder decidir con libertad, sin dependencias ni aislamientos". Por otra parte, la Paeria también quiere poner en marcha un plan de intervención socioeducativo basado en los "derechos fundamentales, en igualdad de género, respeto a la diversidad cultural y el derecho a libre decisión de cada mujer".