El Govern de la Generalitat pondrá en marcha una prestación mensual de entre 100 y 200 euros destinada a las personas en situación de dependencia que se encuentran a la espera de acceder a un recurso asistencial, como una residencia, un centro de día o el servicio de atención domiciliaria. La medida, anunciada por el president de la Generalitat, Salvador Illa, prevé una ayuda de 100 euros para las personas con grado I de dependencia, 150 euros para el grado II y 200 euros para el grado III. También recibirán esta cantidad máxima las personas con grado III que actualmente ya están en lista de espera. Según el ejecutivo, esta prestación de cobertura mínima se otorgará de manera automática mientras no se pueda acceder al recurso solicitado. Se trata de una iniciativa que el Govern considera innovadora y que podría beneficiar a unas 6.700 personas.

Este anuncio se enmarca dentro del nuevo modelo de atención a la dependencia, bautizado como plan Cura, que quiere agilizar la tramitación de las ayudas. En este sentido, se ha creado el Plan Individual de Atención (PIA) ‘exprés’, pensado para acelerar la concesión de prestaciones económicas a cuidadores del entorno familiar. El Govern calcula que el 81% de las nuevas solicitudes se resolverán por esta vía, mientras que el 19% restante recibirá la prestación de espera. “Quien no reciba el ‘PIA exprés’ recibirá esta prestación (mientras espere) que financiará íntegramente el Govern”, ha recalcado Illa durante una visita a una residencia de gente mayor de Barcelona.

Fin a las reclamaciones a personas que han muerto

Además, la Generalitat ha anunciado que dejará de reclamar los pagos indebidos derivados de cambios en la situación personal o económica, revisiones del grado de dependencia o defunciones. Solo en 2025 se tramitaron 10.665 reclamaciones de este tipo. “Reclamar el dinero a una persona que ha muerto parece una broma de mal gusto, pero hacía décadas que esto estaba pasando en nuestra casa. Hemos decidido ponerle fin y arreglarlo, por sentido común”, ha afirmado el presidente.

Illa también ha defendido la necesidad de reformar la administración para que “actúe con sensibilidad ante momentos delicados para las familias”, especialmente cuando “más necesitan que la administración esté a su lado”.

El Gobierno prevé aprobar un decreto ley con estas medidas en el Consejo Ejecutivo. Aunque la aplicación efectiva puede tardar unas semanas o meses, se contempla que las prestaciones tengan carácter retroactivo para las nuevas solicitudes.