"No sé qué agravio alegarán ahora, es un chiste, si el fiscal pedía 10 años de inhabilitación", decía una fuente de la dirección del Partido Popular tras la reunión del comité de dirección de este lunes y que ha presidido el presidente del gobierno y del PP, Mariano Rajoy. Este no ha comparecido por el hecho y se ha emplazado a su portavoz Pablo Casado en la rueda de prensa en Génova. La posición oficial del partido es que la hoja de ruta es "una agresión en contra de la legalidad", deslegitimando, pues, que en adelante se aceleren los preparativos para el referéndum. En Moncloa creen que es una "derrota judicial" del proceso soberanista.
"Son minoría y lo que que se ha hecho es justicia. Es victimismo usado como cortina de humo eso de enredarse en la bandera para justificar la corrupción. Intentan decir que el gobierno de España viaja hacia allí, pero la verdad es que nuestro partido está siempre allí. Seguiremos defendiendo el derecho a vivir dentro de España de todos los catalanes, hay quien quiere levantar barreras", ha denunciado Casado, preguntado por El Nacional, sobre si en adelante se esperaba una reacción del soberanismo y de la Generalitat para acelerar la hoja de ruta, como hace meses vienen avisando JxSí y la CUP.
La cuestión es que esta posición es la defendida por el ejecutivo del president Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras. También es la misma consideración que el exconseller de la Presidència, Francesc Homs, hizo ante el Tribunal Supremo, cuando dijo a los magistrados que el 9-N podría llegar a generar en el imaginario soberanista el mismo malestar que en su momento el veredicto sobre el Estatut de Autonomía por parte del Tribunal Constitucional el año 2010. El punto de inflexión, sin embargo, no es visto como tal de momento por parte de los genoveses y Moncloa.
Así las cosas, la advertencia del PP es evidente, sobre todo de cara al referéndum previsto por Puigdemont y Junqueras antes de que acabe septiembre del 2017, tanto si es con adelanto temporal, o sin él. "La justicia pone a cada uno en su lugar. Nadie está por encima de la ley y nadie puede intentar romper la convivencia entre los catalanes. Los españoles y los catalanes tienen que tener la certeza de que no existirá la impunidad. Creían que aquellos que incumplían la ley no tendrían ninguna consecuencia", ha dicho Casado. "Es tranquilizante que la justicia acute", ha remachado más tarde.
Sobre el caso concreto de la inhabilitación de dos años para el expresident Artur Mas, Casado ha subrayado los perjuicios en que presuntamente habría incurrido antes Convergència y ahora el PDeCAT, por su giro independentista. "El proceso supone un coste electoral muy importante a las formaciones que se han sumado", ha asegurado en relación con si la sentencia lo dejaba fuera de la órbita política durante un tiempo. Mas nunca ha descartado presentarse como candidato del PDeCAT, después de que Puigdemont asegurara que no querría ser cabeza de lista electoral.
En Génova no se acepta la idea de que el 9-N haya sido un "juicio político", y a la espera de la sentencia de Homs por parte del Supremo, dicen lamentar y sentir "tristeza" porque "por primera vez" un ex presidente de la Generalitat sea juzgado por un tribunal y fuentes del Gobierno creen que no es "agradable". Es la primera vez después de 1978, ya que el expresident Lluís Companys sí lo fue durante la Segunda República. El 6 de junio de 1935 por diez votos a favor y ocho en contra, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta.
Rajoy no ha podido añadir más comentarios para que el portavoz los trasladara ya que el comité se habría acabado antes de conocer la sentencia, según fuentes de comunicación del PP. Este mismo lunes, el presidente español se encontraba en las 13:15h en la Moncloa con el presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, Klaus-Heiner Lehne, pero no se prevé ninguna rueda de prensa posterior. Así y todo, fuentes de la dirección del partido dicen que se ha hablado de Catalunya "en general" y fuentes de Moncloa indican la posición de siempre: "Con respeto a la legalidad y al veredicto de los tribunales", y dentro de la "normalidad" judicial.
Iglesias se desmarca
Como es habitual en todo lo relativo al proceso soberanista, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es el único dirigente español que ha ofrecido una opinión crítica sobre que el 9-N haya acabado con una condena. Aún así, se ha deshecho en críticas sobre la figura del expresident y su "herencia pujolista".
Artur Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de marzo de 2017
Diferente ha sucedido con el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, y el de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Hernando ha considerado "benévola" la sentencia, y la "consecuencia lógica" de haber puesto las urnas. Villegas ve este paso como un aviso acerca de que en España y en ningún otro país del "Estado de Derecho" los políticos no están por encima de las leyes y los tribunales. "Estamos para cumplirlas, o en todo caso, para modificarlas, no por saltarnoslas" remachó.