Continúan las turbulencias en las aulas del País Valencià después del conflicto sindical y las negociaciones de los docentes con la Generalitat que marcaron el curso pasado. En esta ocasión, el motivo de la controversia es un punto de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos aprobada por PP y Vox que busca perseguir el "adoctrinamiento" en la educación. El artículo 155 de esta norma da a Inspección la orden de velar por la "neutralidad ideológica" en las aulas supervisando las actividades de los maestros y profesores, los materiales curriculares y los actos escolares. La ley ha generado un gran malestar entre los sindicatos de docentes, que denuncian una "caza de brujas".
La medida, pactada por el gobierno de Juanfran Pérez Llorca con Vox en el marco de la negociación presupuestaria, otorga a los inspectores el poder de supervisar que las actividades escolares y la enseñanza "se mantengan ajenas a cualquier tipo de adoctrinamiento". El texto también añade la obligación de los centros educativos y docentes de garantizar el respeto al pluralismo, a la "libertad de conciencia" del alumnado y las familias y a los derechos de "libertad lingüística". Asimismo, se establecen unos canales de comunicación con el Consell para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda denunciar hechos que considere que vulneran la normativa o los derechos del alumnado.
De esta forma, Inspección podrá hacer visitas a los centros escolares y efectuar entrevistas formales con las partes implicadas. También podrá proponer que se adopten medidas provisionales de urgencia si se percibe un perjuicio grave e inmediato para los estudiantes. La norma descarta, sin embargo, la apertura de expedientes motivados por "discrepancias pedagógicas ordinarias". También estipula que todo procedimiento respetará unos principios de "objetividad, proporcionalidad, contradicción, confidencialidad, presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación y mínima interferencia".
El principal sindicato de educación denuncia censura: "Es posible que explicar el cambio climático sea adoctrinar"
La medida ha tenido una recepción negativa entre buena parte del profesorado valenciano. El sindicato STEPV, el mayoritario en la educación valenciana, denuncia que este artículo de la ley "vulnera" la libertad de cátedra y los derechos lingüísticos y "pervierte claramente el espíritu de lo que debe ser la inspección educativa". En un comunicado, aseveran que Inspección debe ser un cuerpo para ayudar a las escuelas y no "un cuerpo represor y censor, como pretende el gobierno valenciano y el PP y Vox". Asimismo, lamentan que el texto habla de neutralidad ideológica, pero no detalla qué quiere decir con ello. "Es decir, cualquier cuestión que no guste al gobierno valenciano puede ser sospechosa de infringir esta supuesta neutralidad ideológica", apunta el sindicato.
STEPV replica que el único elemento que tiene "una carga ideológica muy fuerte" en el sistema educativo valenciano es la asignatura de Religión, pero apunta que el artículo 155 de la ley de acompañamiento no se aplicará en este caso, "sino más bien para otras cuestiones que puedan molestar a nuestro gobierno y que formen parte de los derechos humanos, de colectivos discriminados y de los derechos de la infancia". "Y es incluso posible que explicar el cambio climático sea adoctrinar a nuestro alumnado. Tiempo al tiempo", avisa el sindicato de docentes. Por todo ello, consideran que es un intento de censura al sistema educativo y exigen la derogación del artículo.
PSPV y Compromís, contra el "proceso inquisidor" de Vox
El debate también ha llegado a la órbita política. Desde el PSPV-PSOE, Miguel Soler ha cargado también contra la norma y ha recordado que la neutralidad ideológica ya forma parte de la ley de educación de 1985. Así, los socialistas valencianos apuntan que Inspección ya contaba con herramientas para actuar en casos de propaganda ideológica o partidista en las aulas. A su parecer, el artículo 155 no da respuesta a una necesidad, sino que "da cobertura al discurso de Vox", contribuye a generar desconfianza entre los docentes y articula el llamado pin parental que quiere implementar la formación de extrema derecha para cuestiones como el abordaje de temas LGBTI o de pluralismo lingüístico. Soler, que fue secretario de Educación durante el gobierno de Ximo Puig, ha lamentado que esta norma también traerá autocensura y miedo entre los docentes a denuncias infundadas, de manera que no se abordarán debates y se traicionarán los principios democráticos del sistema educativo.
Desde Compromís, el diputado Gerard Fullana ha criticado que la reforma crea una "policía política" para la persecución del profesorado y la censura de la libertad de cátedra. Fullana considera que PP y Vox quieren perseguir a los docentes "de manera absolutamente antidemocrática". También ha valorado que el sistema de denuncias quiere "instaurar el miedo" mediante un "proceso inquisidor". Así, el partido de la izquierda valencianista ha anunciado que llevará la norma a los tribunales.