La polémica por el desacuerdo de los grupos en la reforma del reglamento que tendría que permitir blindar el escaño de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sigue viva. Si ayer este tema ocupó el orden del día de la cámara catalana, el debate se ha trasladado ahora a las redes, donde Borràs y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se han picado.
Poco después de que los letrados expusieran de forma inesperada a la Mesa del Parlament un informe que proponía eliminar el artículo 25.4 por presentar "dudas serias" sobre la presunción de inocencia, ERC y la CUP expresaron su malestar considerando que Borràs había actuado por su interés personal y no colectivo: en caso de eliminarse este artículo, Borràs no tendría que dejar su escaño cuando se le abra juicio oral por el caso de la Institución de las Letras Catalanas.
En este sentido, Rovira expresó ayer tarde en su perfil de Twitter que los republicanos quieren instituciones "transparentes" para evitar los corruptos, y también que haya procesos internos "que garanticen siempre el interés general por encima del particular".
A eso, Borràs ha contestado esta mañana que "no puede estar más de acuerdo" en la lucha contra la corrupción. Y es que el entorno de la presidenta ha reiterado en varias ocasiones que no considera que su causa sobre los presuntos fraccionamientos de contratos mientras era directriz de la Institución, sea corrupción, sino una persecución más contra la causa general del independentismo. Es por eso que en su publicación Borràs responde pidiendo "solidaridad antirrepresiva, también", y unidad para conseguir la independencia.
Malestar
Todo desencadenó ayer cuando en el orden del día de la Mesa del Parlament se incluyó un punto en que letrados del Parlament proponían varios cambios en el reglamento. Este informe lo hicieron los servicios jurídicos después de que la Mesa reunida en Tornabous lo pidiera. Según fuentes de la presidencia, la demanda fue por "unanimidad", mientras que los otros partidos dicen que cuando se puso sobre la mesa pedir este informe, se argumentó que era por motivos técnicos y que no esperaban que se incorporaran otras cuestiones.
La polémica se centra en la propuesta de eliminar el 25.4, un artículo que se incorporó al reglamento en la reforma del 2017 propuesto por la CUP y que establece que en casos donde la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios.
Eso causó malestar entre todos los grupos que, excepto Junts, acusaron a Borràs de estar utilizando las instituciones para su propio interés. Cuando la portavoz de Junts, Mònica Sales, salió al atril, insistió ante todas las críticas en que son los letrados quienes dicen que presenta "serias dudas sobre su constitucionalidad", y negó que se haya hecho ad hoc ante el caso de la presidenta.
Después de todo este ruido, Borràs también ha hecho otra publicación en las redes, donde ha cargado contra "el cinismo nivel experto que se gastan algunos", y ha apuntado que oír decir mentiras y maldades "deliberadamente" para intoxicar "le cuesta mucho".
